Informe Defensoría
LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Defensoría del Pueblo
recibió y procesó entre enero y octubre de 2013 un total de 1.119 casos que
incluyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes; 56 por ciento más que en la
gestión anterior.
“Es importante señalar que se
ha evidenciado en esta gestión un considerable aumento de este tipo de vulneraciones,
superior a las tres gestiones anteriores, cuya suma alcanzó a 1.746. En
relación al año pasado, por ejemplo se evidencia un incremento de casi el 56%
de casos”, señala el informe de la institución estatal.
La tortura, así como los tratos
degradantes e inhumanos constituyen formas de conducta recurrente en muchos
ámbitos de la sociedad boliviana y en algunas instituciones como la Policía y
las Fuerzas Armadas. “Lamentablemente este tipo de delitos, pese a estar
claramente señalados en la Constitución Política y a haber sido suscrito y
ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, ni
siquiera ha sido tipificado en nuestras leyes ni se ha creado el mecanismo de
prevención como los establece el Protocolo”, se lee en el reporte Defensorial.
“Toda persona tiene derecho a
la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado,
ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la
pena de muerte”, señala la Constitución Política del Estado en su artículo 15,
inciso I.
Asimismo, en el artículo 114,
inciso I dice: “Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición,
confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o
moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades
públicas que las apliquen, instiguen o consientan serán destituidas y
destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley”.
En mayo de 2013, el Comité de
las Naciones Unidas contra la Tortura emitió el informe sobre el tema en el
Estado Plurinacional de Bolivia. El documento, uno de los más críticos que
emitió este organismo sobre el tema expresa su preocupación por que Bolivia “no
haya tipificado todavía el delito de tortura conforme a lo dispuesto por la
Convención”.
En relación a los procesos por
estos delitos expresa “su preocupación sobre las demoras habidas en la
instrucción y en el examen de la causa penal en la mayoría de los casos
individuales de malos tratos, tortura, uso excesivo de la fuerza y muertes en
custodia”.
La directora del Instituto de
Terapia e Investigación de las Secuelas sobre la Tortura y la Violencia Estatal
(ITEI), Emma Bravo Cladera, sostuvo en anterior declaración que la falta de
voluntad política del gobierno permite que continúen los casos de tortura en el
país y la carencia de una ley específica hace que esta situación se haga
cotidiana.
“No hay voluntad política del
gobierno de resolver estos casos, si ellos hubieran querido hacer justicia hace
mucho rato se hubiera hecho justicia en todos los juicios que están pendientes,
que están en la impunidad”, sostuvo Bravo.
Manifestó que a excepción del
caso de la masacre de octubre de 2003, donde se inició y llevó a cabo un
juicio, “en todos los demás hasta ahora no hay un seguimiento y enjuiciamiento
de los casos de tortura”.
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