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domingo, 2 de diciembre de 2012

ALBARRACÍN: RED DE EXTORSIÓN DESTAPA INJERENCIA DEL GOBIERNO EN PODER JUDICIAL



Rivera y compañía hacían el trabajo sucio, dice Cárdenas
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El exDefensor del Pueblo y exPresidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Waldo Albarracín Sánchez, sostuvo hoy que el escándalo de extorsión surgido a raíz del caso del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher desnuda la real dimensión de la injerencia política que ejerce el gobierno sobre el Órgano Judicial. 


Albarracín dijo que más allá del hecho de corrupción identificado en este caso concreto, están las múltiples denuncias sobre cómo los funcionarios del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera Tardío, Dennis Rodas Limachi  y compañía, dirigían el curso de las audiencias en los tribunales de justicia con la anuencia del gobierno.

“Él (Fernando Rivera) no actuaba por su propia ocurrencia personal, el lo hacía apadrinado por el gobierno y eso es lo que hay que desnudar. Cuando el gobierno sale y dice ‘los estamos poniendo en la picota a estos corruptos’ en realidad esos corruptos de los cuales ellos quieren rasgarse las vestiduras son sus hijos que fueron avalados por ellos”, sostuvo el exDefensor en declaraciones a Erbol.

El activista de derechos humanos remarcó que “ha quedado en descubierto que quien administra justicia no es el Fiscal por su propia voluntad, sino por decisión gubernamental”. 

Gustavo Dagner Céspedes, exasistente del Fiscal del Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, que se hacía pasar por funcionario del Ministerio de Gobierno, reveló en su declaración ampliatoria que los jueces Fernando Orellana y Wilson Arévalo obedecían las instructivas del asesor Fernando Rivera para que “emitan fallos de acuerdo a su conveniencia”, según cita El Deber.

En su declaración, el asistente Céspedes también dijo que Fernando Rivera y Denis Rodas Limachi “tenían poder para acudir a todos los juzgados y presionar”.

Céspedes está denunciado e incluido, conjuntamente con ocho personas entre jueces y fiscales, en las investigaciones por extorsión en el caso Ostreicher.

El exejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y activista de derechos humanos, Remberto Cárdenas, señaló que “existe una unidad de pensamiento y acción” en el comportamiento de Rivera y sus colegas de delito, en su desempeño como funcionario del Ministerio de Gobierno.

“Él (Fernando Rivera) ha encabezado las acciones sucias realizadas por ese Ministerio, en varias ocasiones. Para tomar como referencia, podemos citar desde la muerte de los dos estudiantes en Caranavi, hasta los actos de extorsión ocurridos ahora”, manifestó.

Cárdenas cuestionó que al Ministro de Gobierno Carlos Romero le parezca condenatorio el acto de extorsión contra Ostreicher pero que no le sorprenda en absoluto que sus cercanos colaboradores, ahora investigados, hayan actuado en representación de ese Ministerio vulnerando todos los derechos fundamentales.

“Esos abogados y otros con poder, en una audiencia que tenía que haber sido cautelar y que no fue ni audiencia ni cautelar, ellos en nombre de la colaboración con el Perú y la seguridad interna del país, expulsaron a tres ciudadanos peruanos y un niño, sin respetar las normas de convenios internacionales sobre el asilo, ni la Constitución Política, ellos que actuaron para encubrir el caso de la represión a los indígenas en Chaparina y muchos otras, eso al Ministro le parece normal”, señaló.

El activista agregó que “parece que para el ministro Romero esas cosas sucias que tienen que ver con la política ejecutada por esa gente, sí está bien, porque no hay ninguna mención sobre eso y encuentran que otro es el comportamiento cuando Rivera y compañía han extorsionado, han presionado sobre jueces y fiscales”.

El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, informó que reportes de inteligencia apuntan a Boris Villegas como parte de la organización delictiva. 

Villegas trabajó de manera conjunta con Rivera y Rodas en varios casos que hoy son objeto de denuncias, como el del ciudadano peruano José Cantoral, donde el exministro de Gobierno Wilfredo Chávez, reconoció serias irregularidades que calificó de “desatinos jurídicos absolutos”.

“En mi gestión hemos dejado sin efecto una orden que había contra un asilado político, el caso Cantoral, a mi me parecía que era un desatino jurídico absoluto (lo planteado por Rivera y compañía) e hicimos revertir esa decisión porque yo creo que la ley debe aplicarse a todos en general”, apuntó.

En ese entonces, el Ministerio de Gobierno responsabilizó de la irregularidad a Efraín Rodas Limachi y dijo que actuó de manera unilateral pero no le aplicó sanción alguna. En ese caso, la defensa de Cantoral denunció que el juez Daniel Espinar y el fiscal Jesús Ángel Ponce, ahora Fiscal de Distrito de La Paz, se allanaron a la orden del Ministerio de Gobierno.

La Paz, 2 diciembre 2012 – L.F.C./

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