Rivera y compañía
hacían el trabajo sucio, dice Cárdenas
LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El exDefensor del
Pueblo y exPresidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Waldo
Albarracín Sánchez, sostuvo hoy que el escándalo de extorsión surgido a raíz
del caso del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher desnuda la real
dimensión de la injerencia política que ejerce el gobierno sobre el Órgano
Judicial.
Albarracín dijo que más
allá del hecho de corrupción identificado en este caso concreto, están las múltiples
denuncias sobre cómo los funcionarios del Ministerio de Gobierno, Fernando
Rivera Tardío, Dennis Rodas Limachi y compañía, dirigían el curso de las
audiencias en los tribunales de justicia con la anuencia del gobierno.
“Él (Fernando Rivera)
no actuaba por su propia ocurrencia personal, el lo hacía apadrinado por el
gobierno y eso es lo que hay que desnudar. Cuando el gobierno sale y dice ‘los
estamos poniendo en la picota a estos corruptos’ en realidad esos corruptos de
los cuales ellos quieren rasgarse las vestiduras son sus hijos que fueron
avalados por ellos”, sostuvo el exDefensor en declaraciones a Erbol.
El activista de
derechos humanos remarcó que “ha quedado en descubierto que quien administra
justicia no es el Fiscal por su propia voluntad, sino por decisión
gubernamental”.
Gustavo Dagner
Céspedes, exasistente del Fiscal del Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez,
que se hacía pasar por funcionario del Ministerio de Gobierno, reveló en su
declaración ampliatoria que los jueces Fernando Orellana y Wilson Arévalo
obedecían las instructivas del asesor Fernando Rivera para que “emitan fallos
de acuerdo a su conveniencia”, según cita El Deber.
En su declaración, el
asistente Céspedes también dijo que Fernando Rivera y Denis Rodas Limachi “tenían
poder para acudir a todos los juzgados y presionar”.
Céspedes está
denunciado e incluido, conjuntamente con ocho personas entre jueces y fiscales,
en las investigaciones por extorsión en el caso Ostreicher.
El exejecutivo de la
Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y activista de derechos
humanos, Remberto Cárdenas, señaló que “existe una unidad de pensamiento y
acción” en el comportamiento de Rivera y sus colegas de delito, en su desempeño
como funcionario del Ministerio de Gobierno.
“Él (Fernando Rivera)
ha encabezado las acciones sucias realizadas por ese Ministerio, en varias
ocasiones. Para tomar como referencia, podemos citar desde la muerte de los dos
estudiantes en Caranavi, hasta los actos de extorsión ocurridos ahora”,
manifestó.
Cárdenas cuestionó que
al Ministro de Gobierno Carlos Romero le parezca condenatorio el acto de
extorsión contra Ostreicher pero que no le sorprenda en absoluto que sus
cercanos colaboradores, ahora investigados, hayan actuado en representación de
ese Ministerio vulnerando todos los derechos fundamentales.
“Esos abogados y otros
con poder, en una audiencia que tenía que haber sido cautelar y que no fue ni
audiencia ni cautelar, ellos en nombre de la colaboración con el Perú y la
seguridad interna del país, expulsaron a tres ciudadanos peruanos y un niño,
sin respetar las normas de convenios internacionales sobre el asilo, ni la
Constitución Política, ellos que actuaron para encubrir el caso de la represión
a los indígenas en Chaparina y muchos otras, eso al Ministro le parece normal”,
señaló.
El activista agregó que
“parece que para el ministro Romero esas cosas sucias que tienen que ver con la
política ejecutada por esa gente, sí está bien, porque no hay ninguna mención
sobre eso y encuentran que otro es el comportamiento cuando Rivera y compañía
han extorsionado, han presionado sobre jueces y fiscales”.
El viceministro de
Régimen Interior, Jorge Pérez, informó que reportes de inteligencia apuntan a
Boris Villegas como parte de la organización delictiva.
Villegas trabajó de
manera conjunta con Rivera y Rodas en varios casos que hoy son objeto de
denuncias, como el del ciudadano peruano José Cantoral, donde el exministro de
Gobierno Wilfredo Chávez, reconoció serias irregularidades que calificó de
“desatinos jurídicos absolutos”.
“En mi gestión hemos
dejado sin efecto una orden que había contra un asilado político, el caso
Cantoral, a mi me parecía que era un desatino jurídico absoluto (lo planteado
por Rivera y compañía) e hicimos revertir esa decisión porque yo creo que la
ley debe aplicarse a todos en general”, apuntó.
En ese entonces, el
Ministerio de Gobierno responsabilizó de la irregularidad a Efraín Rodas
Limachi y dijo que actuó de manera unilateral pero no le aplicó sanción alguna.
En ese caso, la defensa de Cantoral denunció que el juez Daniel Espinar y el
fiscal Jesús Ángel Ponce, ahora Fiscal de Distrito de La Paz, se
allanaron a la orden del Ministerio de Gobierno.
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