COCHABAMBA, BOLIVIA (ANB / Erbol).- a Oficina Jurídica de la Mujer informa que más de
dos tercios de casos de denuncias sobre hechos de violación son paralizados en
la etapa preparatoria de los juzgados de Cochabamba.
Se evidencia que en los casos de violencia sexual como violación, estupro y
abuso deshonesto hay más de dos tercios que se quedan paralizados en la etapa
preparatoria, siendo mínimo el porcentaje de causas que llegan a la etapa del
juicio oral, señala el informe de “Violencia Sexual e Impunidad” en Cochabamba.
Agrega que las causas de acumulación desproporcionada de los procesos
tienen que ver con la inestabilidad institucional que caracteriza al Órgano
Judicial y se reflejan constantes acefalías o existen designaciones
que responden a las exigencias de la ley pero a través de métodos poco
transparentes.
La “sobresaturación de los casos” en los juzgados cautelares es por la
insuficiencia de jueces y personal de apoyo. El presupuesto que el Estado
asigna al Órgano Judicial, que no alcanza ni al uno por ciento del Presupuesto
General de la Nación (PGN), impide la posibilidad del crecimiento de la
plantilla de jueces.
Denuncias paralizadas
El documento señal que un porcentaje alto de las denuncias queda
simplemente en la etapa de información de apertura que efectúa el fiscal ante
el juez cautelar y otro porcentaje, también mayor, es rechazado de inicio sin
llegar siquiera a la etapa de imputación de los sospechosos.
Los motivos de las denuncias paralizadas son el “trato impersonal e
inadecuado” a las víctimas de violencia sexual por los funcionarios que
presentan una actitud de incredulidad, impaciencia y comentarios
culpabilizantes, explica.
Tolerancia social
La violencia sexual moviliza la conciencia ciudadana únicamente cuando las
víctimas son niñas, niños o cuando la víctima muere por la agresión. La gente
clama justicia, demanda endurecimiento de penas o reclama falta de seguridad
ciudadana, en el momento, después “vuelve la normalidad”, destaca.
El documento indica que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento
de la Convención de Belem do Pará ha pedido a los Estados, entre ellas a
Bolivia, la implementación de un sistema de registro sobre violencia contra las
mujeres en la Policía, Ministerio Público y la Justicia.
Sin embargo, no existen datos confiables en la Policía, el Ministerio
Público, ni en Órgano Judicial en el departamento de Cochabamba, según el
informe.
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