La autoridad dijo que Pinto, quien
permanece en la Embajada de Brasil en La Paz desde el 28 de mayo, tiene cinco
denuncias de casos de corrupción y el daño económico provisional ocasionado al
Estado supera los 6 millones de dólares.
"No es posible si quiera pensar que se
les pueda dar asilo a personas que tengan delitos comunes", afirmó en una
entrevista con medios estatales.
A su juicio, ese caso es una muestra del
incumplimiento con los tratados y compromisos internacionales, que impide
mejorar la lucha contra la corrupción en Bolivia.
"Nos estamos mintiendo, convirtiendo
en una reunión de amigos las convenciones. Se debe respetar el derecho interno,
(pero) no recibimos apoyo de otros Estados", complementó.
Suxo dijo que el asilo al legislador de
oposición se definió sin considerar siquiera los antecedentes de su caso.
"Pinto tiene procesos por delitos
comunes, no se persigue a nadie", acotó, y aseguró que Pinto tiene todas
las posibilidades para defenderse en Bolivia como lo hacen otros.
La Ministra Anticorrupción recordó además
que el gobierno de Evo Morales pidió a los representantes de organismos
internacionales que evalúen y verifiquen los antecedentes de ese caso, los
procesos por delitos comunes y los convenios internacionales que respaldan la
posición boliviana.
Otras ex autoridades enjuiciadas por casos
de corrupción quienes abandonaron el país y lograron refugio en vecinos países
son el ex gobernador de Tarija, Mario Cossío, en Paraguay; y Mánfred Reyes
Villa, en Estados Unidos.
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