LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El procurador general del Estado, Héctor Arce, informó
el martes que la Sala Penal III del Tribunal de la Judicatura de La Paz,
dispuso se remitan todos los antecedentes del proceso de investigación sobre el
caso de La Razón al Tribunal de Imprenta.
"Este
martes el Tribunal de Justicia de La Paz, ha dado a conocer una resolución
mediante la cual ha declarado admisible los recursos interpuestos por Ricardo
Aguilar Agramont y Claudia Benavente, y se dispone la remisión de todos los
antecedentes al Tribunal de Imprenta, en la denuncia presentada por la
Procuraduría por la revelación de información reservada sobre la demanda
marítima boliviana", dijo citado en un boletín de prensa de su despacho.
El fallo de la
Sala Penal III reconoce que la denuncia y la solicitud de investigación que
realizó el Estado boliviano, "fue instaurado de acuerdo a lo que establece
la Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925", que se presentó ante la
instancia judicial competente quien definió el curso del proceso.
"La
Procuraduría General del Estado no ha tenido, ni tiene, ni va a tener jamás
ninguna mala intención contra algún periodista o medio de comunicación, porque
nosotros respetamos y valoramos el principio fundamental de la vida
democrática, de la institucionalidad republicana y del estado de derecho de un
país que es la más absoluta libertad de prensa", dijo Arce.
En pasados
meses, la Procuraduría General, por mandato de la Constitución y en estricta
defensa de los intereses del Estado boliviano, precautelando la demanda
internacional presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya
sobre el derecho de Bolivia a su reintegración marítima, presentó denuncia ante
el Ministerio Público para que inicie investigación sobre la revelación de
información reservada sobre este tema, misma que fue publicada en un artículo
del diario La Razón.
Arce reveló que
la Procuraduría no presentó ningún otro documento o apelación y se ha dejado
que el proceso siga su curso tal como debe ser hasta que la Sala Penal III
dispuso lo que corresponde en derecho de acuerdo a la ley de Imprenta.
"Este es
un tema que está cerrado y está en manos de la Ley de Imprenta que tiene sus
procedimientos que deben cumplirse por el bien de la ciudadanía y el bien de la
labor de la prensa", culmino la autoridad.
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