LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Argentina solicitó a la Corte
Internacional de La Haya iniciar un procedimiento contra Estados Unidos por el
caso judicial que llevó al país sudamericano llevó a incumplir con su deuda
soberana. De esta manera, el Gobierno de Buenos Aires movió ficha en el tablero
que escenifica su larga disputa con acreedores, informa DW.
Una declaración del más alto
tribunal de Naciones Unidas para litigios entre países dijo que el pedido había
sido “transmitido al Gobierno de Estados Unidos. No obstante, no se tomará
acción en el procedimiento a menos que Washington acepte la jurisdicción de la
corte en el caso”. El Gobierno argentino asegura que, en el caso de que
Washington no aceptara la competencia de la CIJ, entenderá que “ese país está
en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo” de
conformidad con las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas, la Carta de
la Organización de Estados Americanos (OEA) y del derecho internacional
general.
Buenos Aires dijo en su
solicitud a La Haya que Estados Unidos “cometió violaciones de la soberanía, de
la inmunidad y otras relacionadas como el resultado de decisiones judiciales
adoptadas por tribunales de Estados Unidos”. “Dado que un Estado es responsable
por la conducta de todos sus órganos”, continúa, “las violaciones mencionadas
han generado una controversia entre la República Argentina y los Estados Unidos
que nuestro país somete a la Corte Internacional de Justicia para su
resolución, en tanto que principal órgano judicial de las Naciones Unidas,
brindando así a los Estados Unidos la oportunidad para resolver esta controversia
de conformidad al derecho y la justicia”.
“Violación de su obligación
internacional”
Argentina cayó la semana pasada
en default técnico de su deuda reestructurada, debido a un fallo judicial en
Estados Unidos que le impidió pagar compromisos con sus acreedores. El Gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner aseguró que no puede cumplir con la
resolución porque le acarrearía múltiples demandas de los bonistas que
aceptaron en 2005 y 2010 la reestructuración de deuda.
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