Descarta
sanciones al Estado boliviano
Ministro de Obras Públicas y Servicios, Milton Claros. Foto/Erbol archivo |
PANDO, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El ministro de Obras Públicas y Servicios, Milton
Claros, calificó como una “acción
criminal” la decisión de autorizar el vuelo del avión chárter de LaMia y
anunció querellas contra los responsables no solo de la aerolínea, sino también
de los técnicos y autoridades de la Dirección
General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de Aasana.
Anunció
que se tomarán drásticas sanciones al ser un “tema penal, porque se han
sacrificado más de 70 vidas por una irresponsabilidad en el cumplimiento de la
normativa. Es una acción criminal lo que
se ha cometido, pero es una acción individualísima porque el funcionario que
pese a tener observaciones, ha autorizado el plan de vuelo, cometió un acto
criminal y no puede tener ninguna consideración y el gobierno será implacable”,
indicó.
“Vamos
a iniciar las acciones penales y civiles que correspondan. Es más como gobierno
nos estamos querellando en contra de la empresa LaMía y en contra de los
funcionarios y el director de la DGAC, porque esa es nuestra obligación.
Nosotros no vamos a encubrir a ningún funcionario y tampoco vamos a permitir
que se incumpla la reglamentación”, declaró en al canal estatal.
Claros dijo que actualmente está en curso una
investigación para conocer el trámite administrativo sobre la certificación de
explotador aéreo otorgado por la DGAC, así como una auditoría a la solicitud formal
de otorgación de la licencia y una evaluación a la documentación presentada.
Indicó
que además se ha solicitado al Ministerio de Transparencia una investigación a
la empresa LaMia para ver si hay alguna contravención a la normativa y ver un
posible tráfico de influencias entre servidores de la DGAC y los dueños de la
empresa para tomar decisiones efectivas sobre vínculos con los socios.
Aclaró
que como Gobierno si bien tienen tuición, no controlan las decisiones de la
DGAC ni Aasana al ser estas instituciones autárquicas y descentralizadas, con
poder de decisión. Todo control y fiscalización que se pueda ejercer es
posterior, antes no se puede porque la ley prohíbe.
El
ministro negó la posibilidad de una sanción directa al Estado boliviano y
lamentó algunas declaraciones irresponsables al tratar vincular al presidente
Evo Morales con la empresa LaMia.
Aseguró
que como Gobierno serán totalmente responsables con la aeronáutica civil
internacional para llevar de oficio a fondo del asunto.
“Las
operaciones aéreas son seguras en Bolivia, han sido seguras antes y van a
seguir siendo seguras. Nosotros a través de la OACI recibimos auditorías
permanentes. En octubre hubo certificación de aeropuertos y las aerolíneas que
llegan a Bolivia tienen la información. No se debe crear una psicosis”,
declaró.
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