En
casos de violación
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| Una resolución reabre debate sobre la práctica del aborto. Foto / Internet |
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Asamblea de los Obispos de Bolivia advirtió que una
resolución del Ministerio de Salud enviada a los hospitales obliga a los
médicos a practicar el aborto impune, ignorando la objeción de conciencia de
los médicos para evitar la interrupción del embarazo en casos de violación.
Al
culminar la asamblea anual de Obispos de Bolivia, la Iglesia envió su mensaje
en el que recuerda que el Ministerio de Salud remitió la Resolución Ministerial
No. 1508 del 24 de noviembre de 2015 para aplicarse el aborto en casos de
violación y de grave riesgo para la salud y la vida de la madre.
Señala
que el protocolo autoriza a implementar el aborto hasta las veintidós semanas
de gestación, dejando la decisión a la discrecionalidad de la mujer y del
médico.
“Consideramos
que este protocolo, además de inconstitucional, no sólo niega el derecho a la
vida del niño concebido, sino que pone en peligro la misma salud de la madre
que se pretende preservar”, dice en su mensaje.
Para
los obispos “el caso es aún más grave porque obliga a los médicos a practicar
el aborto, hecho que viola la libertad y el ejercicio de la profesión médica.
Es urgente que las instancias judiciales correspondientes se pronuncien sobre
la constitucionalidad de ese protocolo, y reconozcan el derecho a la vida del
niño por nacer, la objeción de conciencia de los médicos y la opción de
abstenerse de practicar un aborto en cualquiera de sus fases”.
Señalan
que los médicos pueden proteger la salud de la madre sin sacrificar la vida del
hijo y expresó su preocupación por las mujeres víctimas de la violencia, por lo
cual demandó a la sociedad apoyarlas con los medios necesarios, psicológicos,
médicos, espirituales y materiales, para que puedan llevar adelante la
maternidad en el mejor modo posible.
En
febrero de 2014, el Tribunal Constitucional rechazó la legalización del aborto
pero exhortó a la Asamblea Legislativa
para que desarrollen normas que garanticen el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos conforme el art. 66 de la CPE, y que las mismas
coadyuven a resolver los abortos clandestinos.
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