Histórico
acuerdo en Cuba
Juan Manuel Santos y Timochenko en histórico apretón de manos. |
ECUADOR (ANB / Fuente: El Espectador).- Este miércoles el presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, y el máximo jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, alias 'Timochenko',
revelaron detalles del histórico acuerdo que alcanzaron en uno de los temas más
importantes y polémicos del proceso de paz que se adelanta en La Habana: el de
justicia transicional (restaurativa y reparadora), y anunciaron que se acordó
que a más tardar en seis meses, es decir en marzo de 2016 deberá estar firmado
el Acuerdo Final del Proceso de Paz.
Principalmente,
lo que se acordó en el punto de justicia fue crear una jurisdicción especial
para la paz, que contará con salas de justicia y con un Tribunal Especial.
Éstos estarán integrados especialmente por magistrados colombianos y una
participación, minoritaria de juristas extranjeros.
La
función de estos dos mecanismos será, según el acuerdo "acabar con la
impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar
e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante
el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos,
garantizando la no repetición".
En
declaraciones entregadas desde La Habana, el Jefe de Estado y el máximo
cabecilla de las Farc se explicó que el componente de justicia prevé que a la
terminación de las hostilidades, el Estado otorgará la amnistía más amplia
posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el
alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto amnistía o indulto las
conductas tipificadas en la legislación nacional que correspondan con delitos
de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra, como la toma de rehenes,
secuestro, tortura desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecuciones
extrajudiciales y violencia sexual.
La
jurisdicción especial para la paz tendrá competencia para juzgar no sólo a los
miembros de la guerrilla sino a todos los agentes del Estado por los delitos
cometidos en el contexto de la guerra y contempla dos tipos de procedimientos,
uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad y otro para quienes no lo
hacen o lo hacen tardíamente.
Para
quienes reconozcan delitos de lesa humanidad se establecen penas que van desde
los 5 a los 8 años, de restricción efectiva de libertad en condiciones
ordinarias. De querer acceder a una pena alternativa, el beneficiario deberá
comprometerse con su resocialización a través del trabajo, capacitación o
estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.
Quienes
no reconozcan la responsabilidad en delitos graves y resulten culpables tras
las investigaciones debidas incurrirán en una pena de prisión de hasta 20 años
en condiciones ordinarias.
Fundamentalmente,
el acuerdo señala que todo tratamiento especial está condicionado a la verdad
plena, la reparación de las víctimas y la garantía de la no repetición de los
delitos cometidos.
Se
hace claridad de que la participación en ese sistema de justicia por parte de
las Farc está sujeta a la dejación de las armas a más tardar a los 60 días de
la firma del acuerdo final.
Por
último, se reconoce en la declaración conjunta del presidente Juan Manuel
Santos y de alias 'Timochenko', que la transformación de las Farc en un
movimiento político legal es un objetivo compartido y tendrá apoyo del
Gobierno.
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