“TINTES POLÍTICOS”
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La marcha indígena que partió desde Pando ya se encuentra en el municipio de Caranavi, luego de casi dos semanas de recorrido, en rechazo a la Ley 1720 y el abastecimiento de diésel, que han agitado con más fuerza el malestar social con el ingreso de nuevos actos. Desde el parlamento, el diputado de Unidad, Alejandro Reyes, planteó que se aplique mayor "mano dura" ante esta situación.
La
movilización indígena recibió en las últimas horas el refuerzo de al menos 300
marchistas en la población beniana de San Ignacio de Moxos. Tras arribar este
sábado a Caranavi, la columna prevé reanudar su recorrido durante el fin de
semana rumbo a la ciudad de La Paz, ubicada a 167 kilómetros de la sede de
gobierno.
La
protesta exige la derogación de la Ley 1720 de reconversión de la tierra de
pequeña a mediana propiedad, argumentando que afecta territorios indígenas y
pequeñas propiedades productivas, convirtiéndose en uno de los principales ejes
de presión social contra el gobierno.
Desde
la Asamblea Legislativa, el diputado de la Alianza Unidad, Alejandro Reyes,
sostuvo que existe “una rearticulación de demandas sociales, en su mayoría con
tintes políticos”, y advirtió coincidencias entre distintos sectores
movilizados. “Estamos viendo las mismas frases, la misma lógica e incluso
probablemente el mismo financiamiento”, afirmó.
El
legislador dijo esperar que las protestas no representen una rearticulación del
MAS y aseguró que parte de la población rechaza los bloqueos y marchas como
mecanismos de presión. En ese contexto, pidió al Ejecutivo endurecer las
acciones frente a las movilizaciones.
“Es
momento de tener mano más dura, de hacer que se imponga la ley. Aquí no
cualquiera puede marchar o bloquear”, declaró Reyes, quien además solicitó
acelerar el tratamiento de la denominada Ley Antibloqueos en la Comisión de
Justicia Plural de la Cámara de Diputados.
Una
dirigente de la marcha aseguró que se mantienen firmes en sus demandas de
abrogación de la Ley 1720, titulación de tierras de los barraqueros de Pando y
voto de rechazo a la Ley Antibloqueos que se pretende considerar en la Asamblea
Legislativa.
Por
su parte, la diputada oficialista Claudia Bilbao aseguró que el gobierno
mantiene apertura al diálogo respecto a las demandas sobre tierras, educación y
el pliego de la COB. Recordó que el ministro Mario Justiniano comprometió
incorporar un artículo a la Ley 1720 para garantizar la protección de la
pequeña propiedad.
Sin
embargo, la legisladora también expresó preocupación porque varias de las
movilizaciones “tengan tintes políticos de gente que no quiere que este
gobierno salga adelante”.
A
las protestas indígenas se sumó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros
de Bolivia, que resolvió respaldar “moral y materialmente” la marcha mediante
una decisión asumida en ampliado nacional realizado en Potosí el pasado 21 de
abril.
El
sector minero rechazó igualmente la Ley 1720, argumentando que perjudica a
pequeños productores, y convocó a sus sindicatos afiliados a designar
representantes para incorporarse activamente a la movilización indígena.
En
paralelo, la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cedetran) declaró
estado de emergencia y anunció marchas y bloqueos desde este lunes 27 de abril,
denunciando la persistente escasez de combustibles y perjuicios económicos
acumulados desde enero.
Los
transportistas cuestionaron el monopolio atribuido a la empresa Trafigura,
exigieron la suspensión de operaciones de Medlog Trucks Bolivia por supuesta
competencia desleal y demandaron la devolución de 12 camiones incautados en
Perú. Asimismo, reclamaron la regularización inmediata del suministro de
diésel, recordando que el sector aceptó el incremento del precio del
combustible hasta Bs 9,80 sin que ello solucionara el desabastecimiento.
Cedetran
convocó a todas sus empresas afiliadas a concentrarse este lunes desde las
07.00 en la extranca de Senkata para iniciar las medidas de presión, en una
jornada que podría profundizar la tensión social y complicar el abastecimiento
y la circulación en el occidente del país.
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