Atropelló
instalaciones en Oruro, dicen
LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN) denunció este martes que la señora Martha Gómez, quien se
atribuye la dirigencia de presidenta de la Confederación de Microempresarios y
Comerciantes Contribuyentes al Estado en el Régimen General de Bolivia
(COMAPESBO), que junto a otras personas están instigando públicamente a los
contribuyentes a no cumplir con lo que manda la Ley en relación a sus
obligaciones tributarias, señala una nota de prensa de esa institución.
La Administración Tributaria
denunció que Gómez, junto a otras personas, atropelló las instalaciones de la
Gerencia Distrital Oruro, causando graves daños y destrozos en ellas,
ocasionando daños en la cortina metálica que resguarda la puerta principal de Impuestos
Nacionales y deteriorando con pintura e inscripciones el frontis y la fachada
de la Institución.
El aspecto más negativo fue que
este grupo de personas agredió verbalmente a los servidores públicos de la
institución y no permitió que los contribuyentes ingresen a la institución para
realizar sus gestiones.
Ante estos actos de vandalismo,
señala la nota, Impuestos Nacionales está demandando a las instancias
correspondientes iniciar una exhaustiva investigación penal y procesar a los
cabecillas e incitadores de estos delitos preliminarmente tipificados como daño
contra los bienes del Estado, daño calificado, perturbación a la función
pública, instigación pública a no pagar tributos, amenazas, asociación
delictuosa y otros.
La conducta de la señora Gómez
y de otras personas referidas precedentemente, señala el SIN, atenta contra el
cumplimiento de lo establecido en el Código Tributario Boliviano y la Ley Nº
843, lo que se tipifica como un delito y debería ser sancionado legalmente.
El Presidente Ejecutivo del
SIN, Erik Ariñez Bazán, aseguró este miércoles que la Administración Tributaria
continuará controlando la correcta emisión de facturas en todo el país, en
estricto cumplimiento de la Ley.
Ariñez explicó que ese Fallo
Constitucional, que está siendo plenamente acatado por el SIN, establece
únicamente la suspensión de las clausuras definitivas e instruye que la
Asamblea Legislativa Plurinacional elabore un procedimiento para ejecutar las
clausuras.
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