LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- América Latina y el Caribe debe apostar por pactos
sociales que promuevan un desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental,
plantea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el
documento Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible, que presenta en su Trigésimo quinto período de
sesiones, que comienza hoy en Lima.
Ante las limitaciones que la región enfrenta para poder
sostener los avances en materia económica y social logrados en la última
década, la CEPAL propone reorientar el desarrollo sobre la base de la igualdad
y la sostenibilidad ambiental. Ello debe plasmarse en pactos que aseguren,
entre otros objetivos, una fiscalidad redistributiva, un incremento de la
productividad, una mejor provisión de bienes y servicios públicos, una mayor
gobernanza de los recursos naturales y un aumento y diversificación de la
inversión.
La Comisión presenta el documento de posición, que
contiene su propuesta estratégica sobre el desarrollo para los próximos años, a
los representantes de los 44 Estados miembros y 12 miembros asociados que
asisten a su Trigésimo quinto período de sesiones -la cita bienal que convoca
cada dos años este organismo regional- que se celebra hasta el viernes 9 de mayo.
El documento advierte que la región enfrenta una
encrucijada que combina restricciones externas, como el estancamiento de la
demanda y la pérdida de dinamismo del comercio internacional, y problemas
endógenos que limitan el desarrollo futuro. Entre estos últimos se encuentran
las altas tasas de informalidad laboral, los bajos niveles de inversión con
poca incorporación de progreso técnico, el déficit de servicios públicos y la
presión sobre el medio ambiente.
Ante esta
coyuntura, la CEPAL plantea varios ejes de transformación que deben reflejarse
en pactos sociales en distintas esferas con una visión de mediano y largo
plazo.
Los acuerdos
propuestos contemplan un pacto fiscal por un mejor equilibrio entre bienes
públicos y privados en la provisión del bienestar; un pacto para la
universalización de la protección social y la mejora de los servicios públicos,
un pacto para la sostenibilidad ambiental y un pacto por la gobernanza de los
recursos naturales.
También se plantea un pacto para la inversión, la
política industrial y el financiamiento inclusivo; un pacto para la igualdad en
el mundo del trabajo y un pacto de la comunidad internacional por el desarrollo
y la cooperación más allá de 2015.
Esta propuesta
completa la denominada “trilogía de la igualdad”, formada además por los
documentos centrales de los últimos dos períodos de sesiones, La hora de la
igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir, entregado en 2010 en Brasil, y
Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo, dado
a conocer en 2012 en El Salvador.
La Comisión
sostiene que no hay que renunciar a la igualdad para ser más eficiente, que las
instituciones juegan un papel clave en la distribución de la riqueza y que esta
política de distribución debe ir de la mano de la política de la productividad
y, por tanto, requiere de un cambio estructural. Como la CEPAL ha reiterado, la
igualdad es el horizonte, el cambio estructural el camino y la política el instrumento.
El cambio
estructural exige buscar las sinergias entre aumentos de productividad,
inclusión social y economía verde a escala local y mundial a través de
actividades intensivas en conocimiento y de rápido crecimiento de la demanda
para así generar más y mejores empleos.
La Comisión
resalta que en la última década la región ha logrado una importante reducción
de la pobreza, del desempleo y de la desigualdad de ingresos, mejoras en la
cobertura educativa y de protección social, profundización de la democracia y
consolidación de la estabilidad económica.
Se estima que en
2013 la tasa de pobreza en América Latina fue de 27,9 % de la población, frente
a 43,9 % que se registró en 2002. La tasa de desempleo, en tanto, fue de 6,4 %
en 2012, mientras que en 2002 se situó en 11,2 %. El empleo ha sido, de hecho,
el principal factor en la reducción de la pobreza y es, para la CEPAL, la llave
maestra para la igualdad.
El organismo
regional de Naciones Unidas advierte de que, tras el período de bonanza económica
de 2010-2011, las economías de la región se desaceleraron en 2012 y 2013, lo
que parece anunciar escenarios futuros de menor crecimiento y, por tanto, de
menor dinamismo en el mercado de trabajo, lo que puede incidir en el ritmo de
reducción de la pobreza y la desigualdad.
Según las nuevas
proyecciones de la CEPAL, los países de América Latina y el Caribe crecerán en
promedio 2,7 % en 2014 debido a un acotado dinamismo de las principales
economías de la región. Esa cifra es levemente superior a la de 2013 (2,5 %) e
inferior a la pronosticada en diciembre (3,2 %).
En este contexto,
la CEPAL aboga por pactos fiscales en los que se consagren reformas tributarias
que permitan aumentar los recursos públicos, construir una institucionalidad
pública más robusta y eficiente y lograr un mayor impacto redistributivo. Estos
pactos deben ser el mecanismo para hacer viables los demás acuerdos sociales.
La Comisión
explica que en los últimos años el crecimiento ha estado liderado por el
consumo y no por la inversión. El incremento en el ingreso de los hogares
permitió una notoria expansión del consumo que se ha traducido en mejoras del
bienestar de sectores tradicionalmente privados del acceso a ciertos bienes y
servicios. Sin embargo, el patrón del consumo es fuertemente procíclico y
volátil y muestra un sesgo hacia el consumo privado, más estratificado según
ingresos.
El consumo privado
per cápita en América Latina y el Caribe creció a una tasa anual de 2,4 % en
promedio entre 1990 y 2012, superior al 1,7% que registraron los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el
período 1990-2010.
En la OCDE, el
gasto en consumo del gobierno como proporción del PIB entre 2000 y 2012 alcanzó
un promedio de 18,6 %, por encima del de América Latina y el Caribe, que fue de
14,8 %. Este indicador incluye todos los gastos corrientes para la adquisición
de bienes y servicios, incluida la remuneración de los empleados. El gasto en
consumo de los hogares, en cambio, fue similar en ambas regiones y se situó en
62,4 % y 63,5 %, respectivamente.
La CEPAL advierte
sobre la necesidad de lograr un mejor equilibrio entre el consumo privado y
público en esta región y alienta a que sea el Estado el que, sobre la base de
pactos para la universalización de la protección social y para un mayor
bienestar, pueda proveer servicios públicos de calidad en materia de salud,
educación, transporte, seguridad y medio ambiente.
El consumo privado
de bienes importados conlleva además una alta intensidad de gasto energético y
contaminación ambiental, mientras que una solución pública con énfasis en
alternativas compartidas generará menos emisiones y consumirá menos energía no
renovable.
Para promover esta
transformación, la CEPAL propone un pacto para la sostenibilidad ambiental que
contemple la solidaridad con las generaciones futuras al gravar la
contaminación y el consumo energético excesivo, por ejemplo, con cargas
impositivas sobre los combustibles fósiles, y que incluya políticas
compensatorias sobre los estratos de ingresos bajos para paliar los efectos de
las alzas de precios de esos combustibles.
El patrón de
consumo intensivo en bienes elaborados importados se conjuga además con un
patrón de producción intensivo en materias primas en una región que no ha
logrado transformar la riqueza de sus recursos naturales en procesos de
desarrollo sostenible a largo plazo.
En el caso de la
minería, los ingresos fiscales procedentes de ese sector en América Latina y el
Caribe se triplicaron como porcentaje del PIB durante el período de aumento de
precios de 2004 a 2009 (1,98 %) con relación al período 2000-2003 (0,6%). Entre
2010 y 2012, la renta del sector minero continuó creciendo hasta alcanzar en
promedio 2,65 % del PIB regional.
Para maximizar su
contribución al desarrollo, la Comisión plantea un pacto para la gobernanza de
los recursos naturales que procure la participación progresiva del Estado en
las rentas derivadas de su explotación y la existencia de mecanismos
institucionales que permitan el ahorro de esas rentas para las generaciones
futuras y su inversión pública eficiente.
La CEPAL también aboga
por equilibrar la expansión del consumo con una mayor inversión. Hasta el
momento, ésta muestra bajas tasas y está concentrada en sectores no transables
o productores de recursos naturales.
El organismo
regional propone un pacto que logre, a través de incentivos de la política
industrial, el aumento y la diversificación de la inversión con el fin de
conformar una estructura productiva que fomente el progreso técnico, reduzca
las brechas de productividad, promueva una mayor inclusión social y provea mayor
resiliencia frente a los choques externos.
Esto debe ir
acompañado de un pacto para la igualdad en el mundo laboral que incluya un
programa de apoyo para reducir esas brechas de productividad, de ingresos
laborales y de calidad del empleo, y equilibrar, en lo que respecta a la
distribución por género, el trabajo remunerado y no remunerado.
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