El documento será enviado la próxima semana
SANTA CRUZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El fiscal Roger Velásquez anunció hoy que se
encuentra elaborando una batería de preguntas para enviar a la ministra de
Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, a fin de que esclarezca algunas
dudas que surgieron en torno a su autoridad en el marco de las investigaciones
del caso Luis Cutipa, quien está encarcelado por un presunto desvío de coca
incautada y cobros irregulares.
“A raíz de algunas aseveraciones que se han hecho en audiencia pública y
bajo lo que establece el Código de Procedimiento Penal, vamos a elaborar una
batería de preguntas para que la señora ministra Nemesia Achacollo la responda
y también adjunte documentación que podría cursar en esa cartera de Estado”,
afirmó Velásquez.
Si bien el Ministerio Público todavía no tiene definida la cantidad de
preguntas que se planteará a la autoridad gubernamental, el fiscal dijo que los cuestionamientos serán
en torno a si Achacollo sabía sobre el incremento de la renovación de licencias
de comercialización de coca a 1.200 bolivianos.
El pasado 8 de noviembre, Andrés Zúñiga, abogado de Luis Cutipa y Dionisio
Núñez (otra de las exautoridades implicadas en el caso), dijo que la ministra
Achacollo autorizó la compra de vehículos con dineros recaudados por la
Dirección General de Coca e Industrialización (Digcoin) y sabía del cobro de
1.200 bolivianos por la renovación de licencias de comercialización.
“Si la Ministra al autorizar las compras de vehículos nuevos, etcétera,
etcétera, no se ha preguntado de dónde vendrían estos dineros, ya sería muy
grave, sería otra responsabilidad que ella debería responder. Pero, algo que
debe estar claramente establecido es que la Ministra sabía de la resolución
viceministerial, la ministra sabía de
los dineros que se recaudaron por cobro de renovación de licencias en el monto
de 1.200, ella sabía que había presión de los comerciantes detallistas para
acceder a este acuerdo consensuado con Digcoin para captar recursos propios,
sabía que Digcoin sobrevivía por recursos propios, sabía que la NAS hasta 2010
por política del Gobierno ya no intervenía en el apoyo operativo sobre
incineración”, afirmó entonces el abogado.
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