LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Magistrado del
Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, denunció este miércoles que el
gobierno nacional incumple el fallo que esa instancia emitió sobre la Ley 222
de la consulta, aspecto que calificó de “vergonzoso” porque el ejecutivo no
respeta los tratados internacionales referidos a los indígenas.
“Los indígenas del
TIPNIS deberían pensar en la justicia internacional”, aseguró a tiempo de
lamentar que la aplicación del mecanismo gubernamental en las poblaciones de
ese territorio es un “desastre” porque se vulneran los derechos de los pueblos
originarios reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE).
Con la misma severidad,
el funcionario judicial criticó el accionar de las autoridades que llevan
adelante este proceso. Señaló que la sentencia constitucional debería ser de
cumplimiento obligatorio de ambas partes. También desahució las acciones
interpuestas por los indígenas de pretender frenar la consulta.
“Yo creo que en Bolivia
no (se puede hacer algo), tendrán que ser los indígenas quienes apelen a estos
hechos en tribunales internacionales”, reiteró Cusi, quien cuestionó desde un
inició el dictamen que manda la búsqueda de “consensos”, aspecto que sería el
menos cumplido ante la resistencia de las comunidades.
El presidente del
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, explicó que se
definirá la aplicación del fallo en base a la información que proporcionen
ambas partes. Asimismo afirmó no poder pronunciarse al respecto cuando todavía
están pendientes resoluciones sobre la acción popular y el amparo
constitucional.
“La ejecución del
fallo, nosotros vamos a entender cuando ambas partes nos proporcionen
información (…) La sentencia 0300 hace referencia a la Ley 222 y establece la
constitucionalidad condicionada de la misma, la sentencia permanece intacta y
corresponde a todas las instancias observar y cumplir los términos de la
sentencia”, aseveró.
Sobre ambos recursos,
la autoridad aseguró que la máxima instancia jurídica del país revisará, en un
plazo que no excede los 45 días, las determinaciones asumidas por las salas del
Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Ambos veredictos rechazaron las
acciones asumidas por los indígenas.
La
Paz, 23 octubre 2012 – J.A.P./
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