Santa
Cruz
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Representación Departamental de la Defensoría del Pueblo
de Santa Cruz se reunió con la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la
Gobernación, el Gobierno Municipal de Montero, la Dirección Departamental de
Régimen Penitenciario y la Policía con el objeto de realizar una inspección de
la carceleta de Montero y verificar las condiciones en las que viven 321
personas privadas de libertad, entre ellas 25 mujeres. Luego de la misma se
realizó una reunión para analizar la situación y buscar salidas que permitan
superar esta grave situación.
“Como
institución destacamos la voluntad y la inquietud para realizar este diálogo y
el reconocimiento de que la actual carceleta de Montero no reúne las
condiciones ni para los privados de libertad, ni para los policías que son
pocos, ni para la ciudadanía de Montero, por todos los riesgos que implica en
inseguridad, fuga, y otros”, sostuvo Hernán Cabrera, representante de la
Defensoría del Pueblo.
Entre
las conclusiones arribadas se definió que una comisión técnica de ingenieros y
arquitectos de la Gobernación y del Municipio harán una inspección este viernes
14 de agosto a la carceleta y al Centro de Readaptación Productiva de Montero,
con el objeto de verificar la situación
de la infraestructura, los servicios básicos, las falencias y hacer todo el
trabajo de relevamiento de datos.
Además
la Dirección de Régimen Penitenciario se encargará de actualizar la situación
legal de los terrenos, si están con títulos, inscritos en derechos reales y
otros elementos legales de la nueva cárcel.
Una
vez contemplado este panorama, se realizará otra reunión en los próximos días
para determinar la viabilidad de la ampliación de esta cárcel, para lo cual los
representantes de la Gobernación y del Municipio de Montero se comprometieron
hacer las consultas respectivas en relación a los recursos económicos que se
podrían invertir en esta posible ampliación de la infraestructura.
Cabrera
solicitó a la Policía y a Régimen Penitenciario el urgente tratamiento de la
situación de las 25 mujeres que comparten el mismo espacio con el resto de la
población carcelaria, constituyéndose en una situación de riesgo.
“Haremos
llegar una carta a cada una de las instituciones para hacerles recuerdo de los
compromisos asumidos en este tema, además el seguimiento respectivo para que se
cumplan esos compromisos y dentro de poco se solucione este grave problema, de
igual manera, destacamos la voluntad política de las instituciones para asumir
esta realidad y preocuparse en la búsqueda de alternativas”, sostuvo Cabrera.
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