Afirman
que Gobierno pretende controlar su trabajo
TARIJA, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Solamente 250 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) de
las 2.176 que cumplen su trabajo en Bolivia lograron renovar hasta el momento
su personería jurídica, debido a una serie de dificultades y presuntas
represalias que enfrentaron durante ese trámite.
La
denuncia corresponde a la directora ejecutiva de Unitas (Unión Nacional de
Instituciones para el Trabajo de Acción Social), Susana Eróstegui, quien además
aseguró que estas dificultades obligaron a las organizaciones a incurrir en
gastos no previstos para hacer efectivo el mencionado trámite.
“Hasta
el año pasado había cuatro instituciones que habían logrado el trámite y este
año tenemos el dato que al menos unas 250 instituciones (ya) han logrado
concluir el trámite. Sin embargo han sufrido una serie de obstáculos, parece
que hubiera una serie de diferencias, como si algunas instituciones tuvieran
mayor posibilidad para renovar sus personerías que las ONG’s”, indicó
Eróstegui, en entrevista con ERBOL.
Agregó
que en los datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento
Externo figuran 2.176 ONG’s registradas en el país y de ellas, las
organizaciones que lograron hasta el momento su personería jurídica son muy
pocas.
“Si
pensamos que solamente 250 ONG’s han logrado concluir el trámite, son muy
pocas, muchas lo van a poder hacer quizá a nivel departamental, pero no todas
las ONG’s responden a un solo departamento. Nos interesa que existan garantías
para que las ONG’s desarrollen su acción sin ningún tipo de restricción”,
señaló.
Eróstegui
dijo que las dificultades que atraviesan las organizaciones para renovar su
personería jurídica, son una prueba que el Gobierno pretende controlar el
trabajo de todas las ONG’s en Bolivia.
“No
deberíamos partir del control, sino más bien de un reconocimiento de esos
aportes al desarrollo que hacen y que siguen haciendo las ONG’s; más que (la
idea de) fiscalizar, hay una intención de control que se nota de manera
fehaciente”, remarcó.
La
situación de las ONG’s parece ser incierta después de que el vicepresidente
Álvaro García Linera acusó a cuatro de las organizaciones de “mentir” para
favorecer a los intereses extranjeros, que pretenderían que Bolivia se estanque
en su desarrollo sin explotar sus riquezas. En ese sentido, García incluso
advirtió con expulsar estas instituciones si se entrometen en asuntos
políticos.
Eróstegui
dijo estar sorprendida por esas declaraciones, que además de ser preocupantes,
demuestran una amenaza al pueblo boliviano que recibe el apoyo de estas
organizaciones para el desarrollo de varios proyectos.
“No
solo eso, también se está amenazando la participación de todos los ciudadanos y
ciudadanas al señalar que se está haciendo política en el marco de favorecer a
intereses extranjeros. Se está poniendo en crisis a una situación de debilidad
a la democracia en el país”, afirmó.
Según
un medio escrito de La Paz, Unitas ya anunció en 2013 que las ONG’s decidieron
dejar de ser críticas con el actual Gobierno por miedo a perder su personería
jurídica o finalmente a ser ilegalizadas o expulsadas del país.
El
director del Centro de Documentación de Información Bolivia (CEDIB), Marco
Gandarillas, acotó que desde la promulgación de la Ley de Personalidades
Jurídicas en 2013, su organización no puede renovar su personería.
“Estamos
a punto de ser ilegalizados. Con el linchamiento mediático, al que nos han
sometido, probablemente ninguna instancia que tiene que resolver este trámite
en favor nuestro lo va hacer”, advirtió.
Gobierno
quiere limitar el derecho a la expresión
El
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), mediante un
comunicado, también respondió a las acusaciones de García Linera y aseguró que
las autoridades gubernamentales tienen la intención política de limitar el
derecho a la libre opinión y expresión de esta asociación civil privada.
“Reiteramos
públicamente (nuestra orientación) para despejar cualquier duda que sobre la
naturaleza de nuestra institución hayan podido provocar algunas declaraciones y
acusaciones sin fundamento de autoridades de gobierno, que tienen la clara
intención política de limitar nuestros derechos a la libre opinión y expresión,
y a nuestro derecho de asociación para el trabajo”, expresa el documento.
Antes
los elogiaron y ahora dicen que mienten
Evo
Morales, en su condición de diputado nacional, firmó una nota en el año 2013
dirigida al CEDIB, en la cual destacaba el trabajo de esta institución por
decir la verdad y ayudar a los cocaleros.
Pero
ahora, el Vicepresidente amenaza a esta institución con expulsarla del país por
“mentir” y por supuestamente responder a intereses extranjeros.
Antecedentes
El
Gobierno afirmó que algunas de las ONG’s financiaron en 2011 la marcha indígena
en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y
las acusó de actuar al margen de los objetivos con los que fueron creadas.
Recientemente,
en junio de este año, el presidente Morales nuevamente volvió a amenazar con
expulsar a las ONG’s que perjudiquen la explotación de los recursos naturales.
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