BOLIVIA (ANB / Tomado de EFE).- Los medios y ONGs con una línea crítica o independiente
frente al Gobierno de Evo Morales ven amenazada su existencia, porque los
excluyen de la publicidad estatal y por normas que restringen su trabajo.
Una
de las periodistas más influyentes de Bolivia, Amalia Pando, denunció esta
semana la severidad con la que el Gobierno margina de los avisos comerciales
del Estado a la radio católica Erbol por su línea crítica, al punto de poner en
riesgo su supervivencia.
"El
Gobierno no ha mandado a clausurar Erbol con militares, pero lo está haciendo
por la vía de la asfixia económica. Eso no es acoso, esto es una asfixia
económica para matar a un medio de comunicación", dijo Pando en entrevista
con el diario El Deber.
La
informadora, que es una de las periodistas más críticas frente al Gobierno y
con gran audiencia radial en el país, anunció su dimisión tras diez años en
Erbol para ver si la empresa puede salvar el cuello de su crisis económica.
"Sé
que el Gobierno ha pedido mi cabeza reiteradamente, y entonces se la
entrego", sostuvo Pando, cuyo "harakiri" ha sido lamentado por
varios de sus colegas periodistas y analistas.
El de
Pando, Premio Rey de España 1992, no es el único caso de un informador que
abandona un medio privado o es cesado por las controversias que causa su
información relacionada con la gestión del Gobierno o las propias autoridades.
El
rector de la Universidad Mayor de San Andrés y ex Defensor del Pueblo, Waldo
Albarracín, dijo este viernes que le preocupa que los periodistas dejen sus
puestos de trabajo "porque sienten que hay una presión desde la instancia
de poder a sus medios".
"No
podemos dar lugar a la autocensura", sostuvo en Erbol.
Más
allá de casos puntuales, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa
a la mayoría de los dueños y directores de medios impresos del país, hizo
conocer una denuncia parecida en una carta enviada al papa Francisco cuando
visitó Bolivia en julio pasado.
La
ANP denunció en la misiva que hay una "sistemática asfixia a los medios
independientes a través de injustos tributos, por una fiscalización destinada a
generar temor y autocensura y por las constantes agresiones a
periodistas".
El
gobernante boliviano siempre ha defendido que en su país la libertad de
expresión no está en riesgo e incluso que hay medios opositores, pero las
denuncias en sentido de que el Gobierno usa la publicidad estatal para
controlar los medios son frecuentes.
Técnicamente,
según ha sostenido el Ejecutivo, se analizan criterios como el alcance de los
medios, el público objetivo, el equilibrio y veracidad para definir el reparto
de la publicidad estatal.
De
acuerdo con el Gobierno, son los propietarios de los medios los que no permiten
una verdadera libertad de expresión porque los usan para tergiversar o
desconocer los logros de sus políticas.
Morales,
que dijo alguna vez que los medios opositores se redujeron de 80 por ciento o
90 por ciento a 20 por ciento o 10 por ciento, ha reclamado también que si es
objeto de críticas sean hechas sin tergiversar y ha garantizado que siempre
habrá libertad de expresión "para decir la verdad".
La
sensación de que la propia existencia institucional está en riesgo también se
ha extendido a las organizaciones no gubernamentales (ONG) por nuevas normas
que han sido demandadas ante el Tribunal Constitucional, pero también por
amenazas directas.
La
organización Human Rights Watch (HRW) hizo conocer el miércoles pasado al
Constitucional una opinión jurídica a propósito de una demanda de la Defensoría
del Pueblo que cuestiona una ley y un decreto de 2013 porque "otorgan al
Gobierno amplias facultades para disolver organizaciones no
gubernamentales".
Según
el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, Bolivia
"debería derogar inmediatamente estas restricciones para asegurar que los
defensores de derechos humanos puedan llevar adelante su trabajo
libremente".
En
julio pasado, un centenar de ONGs impulsadas por la Asociación Interamericana
para la Defensa del Ambiente (AIDA), envió una carta al sumo pontífice para
hacerle conocer de esas limitaciones, de sus temores de ser cerradas y de que
"muchas se han 'silenciado' para mantenerse en pie".
Pero
la amenaza directa provino del propio presidente Morales, quien en mayo pasado
dijo que expulsará a las ONG que "perjudiquen" la exploración de
recursos naturales en los parques nacionales porque, a su juicio, debe primar
el interés económico del país.
Lo
paradójico es que muchos recuerdan habitualmente que cuando Morales era
sindicalista, forjó su liderazgo político con el apoyo de ONGs y varios medios,
entre ellos Erbol.
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