MENDOZA AFIRMA QUE SE ARMARON REDES DE PODER PARA PRIVATIZAR EMPRESAS Y SAQUEAR ERARIO NACIONAL

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El senador Adolfo Mendoza, presidente de la Comisión Especial Mixta para la Investigación de la Privatización y Capitalización, afirmó el domingo que esa instancia legislativa estableció que se armaron redes de poder para privatizar empresas estatales y saquear el erario nacional.

    En una entrevista con el Programa El Pueblo es Noticia, dijo que la indagación permitió establecer cuáles fueron los elementos centrales que guiaron 'esa manera de proceder en términos de saqueo, en términos de uso escandaloso de redes de poder durante el periodo de la privatización'.

    'Lo que interesa a la comisión es llegar hasta las últimas consecuencias en desnudar a esas redes de poder, a establecer los análisis jurídicos y técnico financieros para ver,  cuánto afectó a la sociedad boliviana,  cuánto significó como parte del saqueo para el erario nacional, es decir, cuál fue el costo para el estado boliviano, y cuál fue el impacto social, el impacto económico, el impacto cultural que tuvo el proceso de privatización', explicó.

    Dijo que la indagación debe servir también para que esa forma de saqueo 'nunca más se vuelva a repetir' y para que se puedan orientar las políticas públicas que impidan caer en esos 'elementos que formaban parte del paradigma de la privatización'.

    El legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS), reveló que la denominada democracia pactada, entre 1989 y 2005, no sólo fue establecida para 'turnarse en el gobierno', sino fue sustentado en base a una red de poder para aprobar normas orientadas a 'quebrar las empresas estatales para privatizarlas'.

    Precisó que había un núcleo central de organización del poder que asumió para sí el mando  del país y los destinos de la propia democracia boliviana: 'el MNR, ADN y el MIR se turnaban en el poder', recordó.

    Explicó que se aprovecharon de la crisis de Estado que nació con la revolución de 1952 que se agotó tras la recuperación de la democracia, en 1982.

    'No era un asunto de administración específica, era una crisis estatal generalizada, frente a esa crisis estatal generalizada viene la nueva política económica con  el decreto 21060 que intenta modificar radicalmente las relaciones entre Estado y economía donde el centro ya no es el bienestar de la gente, sino más bien el control a partir del mercado', complementó.

    Mendoza dijo que con esa lógica operan desde 1985 por lo que afirmó que no tiene que ver únicamente con la situación de las empresas estatales sino de una crisis estatal generalizada.

    'Entonces es ahí cuando empiezan a armarse en cantidad de argumentos retóricos para hacerse del poder pero no solamente eso, sino  transferir la riqueza de las bolivianas y bolivianos hacia manos privadas', fundamentó.

    Por esa razón dijo que se unieron el Grupo Consultivo de París con Samuel Doria Medida y en una reunión establecen que iban a privatizar hasta la última empresa pública', en una situación que insistió no era un asunto de eficiencia sino un asunto de saqueo del país y de la riqueza boliviana a manos privadas.

    Además, afirmó que esa lógica estaba acompañada por el denominado consenso  de Washington.

    El legislador del MAS insistió en que la mayoría de las empresas estatales privatizadas, sobre todo de las empresas de las ex corporaciones, como las plantas industrializadoras de leche, no estaban en quiebra, 'pero igual fueron privatizadas'.

    'Ese fue el caso específico también de la fábrica de cemento (de Tarija) que es uno de los aspectos que hemos tocado de manera puntual en estas semanas a partir de la denuncia de los tarijeños', informó, al recordar que esa planta fue montada con una inversión que superaba los 40 millones de dólares y que contaba 'con un gasoducto recién hechito desde Tarija hasta el Puente.

    Ratificó que esa planta fue vendida en poco menos de 15 millones y 'luego se beneficiaron de todas estas inversiones que inicialmente el estado hizo para el funcionamiento de la planta'.

    'Entonces se trataba de esa lógica, no importaba si habían empresas en crisis, en quiebra o no', sustentó al afirmar que de las 60 empresas de las ex corporaciones de desarrollo que fueron privatizadas en la primera ola, el 87% eran empresas productivas y el 53% se dedicaban a actividades ligadas a la alimentación.

    'Entonces no es evidente, lo primero que hemos demostrado es que no es evidente que se trataba de una quiebra generalizada de todas las empresas, se utilizó la retórica de la crisis estatal, que evidentemente existía, para el traslado de capitales de riqueza desde el estado hacia manos privadas', sentenció.