LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La viceministra de Justicia y Derechos
Fundamentales, Erika Chávez, aclaró el viernes que el Gobierno cumplió con la
Ley 2640 y aseguró que las presuntas víctimas de la dictadura o violencia
política, que tomaron el jueves esa cartera de Estado, no cumplieron con los
requisitos legales o presentaron sus documentos a destiempo.
'Se les explicó a las personas
que abruptamente ingresaron y tomaron el Ministerio de Justicia, qué no existen
las condiciones para que permanezcan en el edificio por suspensión de servicios
debido a las obras de refacción y los escombros al interior del mismo', informo
a los periodistas.
Dijo que al margen de las cartas
que envió el Ministerio de Justicia a ese grupo de personas en vigilia, recordó
que 'lastimosamente' la Ley 2640 establece que no se pueden volver a revisar
las carpetas, como piden los movilizaos, 'porque se han cumplido con todos los
plazos'.
Recordó que el Gobierno pagó al
menos a 1.714 víctimas de las dictaduras o violencia política, que calificaron
y cumplieron con los términos y los plazos que establece la ley.
La Viceministra de Justicia y
Derechos Fundamentales insistió en que se cumplieron con todos los plazos y
afirmó que el grupo de personas, que formaron parte de las comisiones para la
calificación y revisión, no cumplió con los términos de la ley y presentaron
expedientes incompletos y muchos a destiempo.
Dejó establecido que el Gobierno,
a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, asignó 3,6 millones de
bolivianos, para cubrir la indemnización de 1.714 personas, víctimas de las
dictaduras que en su momento fueron perseguidas, apresadas, torturadas,
desaparecidas y asesinadas.
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