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viernes, 22 de noviembre de 2013

CHÁVEZ: GOBIERNO CUMPLIÓ CON LEY 2640 Y PRESUNTAS VÍCTIMAS DE DICTADURA NO CUMPLIERON CON REQUISITOS

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Erika Chávez, aclaró el viernes que el Gobierno cumplió con la Ley 2640 y aseguró que las presuntas víctimas de la dictadura o violencia política, que tomaron el jueves esa cartera de Estado, no cumplieron con los requisitos legales o presentaron sus documentos a destiempo.

    'Se les explicó a las personas que abruptamente ingresaron y tomaron el Ministerio de Justicia, qué no existen las condiciones para que permanezcan en el edificio por suspensión de servicios debido a las obras de refacción y los escombros al interior del mismo', informo a los periodistas.

    Dijo que al margen de las cartas que envió el Ministerio de Justicia a ese grupo de personas en vigilia, recordó que 'lastimosamente' la Ley 2640 establece que no se pueden volver a revisar las carpetas, como piden los movilizaos, 'porque se han cumplido con todos los plazos'.

    Recordó que el Gobierno pagó al menos a 1.714 víctimas de las dictaduras o violencia política, que calificaron y cumplieron con los términos y los plazos que establece la ley.

    La Viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales insistió en que se cumplieron con todos los plazos y afirmó que el grupo de personas, que formaron parte de las comisiones para la calificación y revisión, no cumplió con los términos de la ley y presentaron expedientes incompletos y muchos a destiempo.

    Dejó establecido que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, asignó 3,6 millones de bolivianos, para cubrir la indemnización de 1.714 personas, víctimas de las dictaduras que en su momento fueron perseguidas, apresadas, torturadas, desaparecidas y asesinadas.

    Chávez insistió que no solamente cumplen con la Ley 2640, promulgada en la gestión de Carlos Mesa (2003-2005), sino con una de las convenciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que establece que los estados donde se violaron los derechos humanos y se registraron crímenes de lesa humanidad, debe haber resarcimiento de los daños ocasionados a sus víctimas que resistieron a los gobiernos de facto.

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