LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El fiscal de Materia, Roger Velásquez, informó el viernes que
peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) evalúan la legalidad
del contrato firmado entre el Gobierno y la empresa brasileña OAS para la
construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, en el marco de
la denuncia presentada por el Movimiento Sin Miedo (MSM).
'Tres peritos auditores y dos peritos en
ingeniería forense, se encargan de realizar un estudio integral sobre el
proceso de contratación que se realizó a la empresa OAS', precisó.
Detalló que los ingenieros auditores se
encargarán de la parte presupuestaria financiera y del proceso de contratación,
entre tanto, los ingenieros forenses trabajarán en la contratación, la calidad
de la obra y el avance.
Aclaró que el equipo de forenses tiene un
plazo de 45 días para elevar un informe que será sometido a un análisis por la
comisión de fiscales que investiga la represión policial a la marcha indígena
del 25 de septiembre de 2011 y las denuncias del Movimiento Sin Miedo (MSM)
sobre la presunta anomalía en el contrato.
La empresa OAS se adjudicó la construcción
de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en 2008, por un monto de 415
millones de dólares, de los cuales 332 millones provenían de un financiamiento
del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y el
resto de contraparte boliviana.
'Ustedes saben muy bien que las pruebas en
un proceso penal se les aprecia de forma armónica y de forma conjunta, sobre
todo, en este caso', indicó el fiscal.
Anunció que junto a su colega Patricia
Santos relanzarán los actos procesales, entre esos el cronograma con referencia
a la represión policial a la marcha indígena.
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