LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó el sábado su
extrañeza porque miembros de la oposición que pedían investigar por tráfico de
influencias a la abogado y empresario Gabriela Zapata, detenida desde la
víspera en La Paz sospechada de enriquecimiento ilícito y otras figuras
penales, ahora sean sus abogados de oficio.
"Estamos sorprendidos, porque algunos
políticos de oposición ahora se constituyen en abogados defensores de oficio de
Zapata", manifestó Romero, quien rechazó las observaciones que hacen a la
actuación policial.
Dijo haberle parecido lo menos
contradictoria la actitud de la oposición en el caso Zapata con que se trató de
dañar la imagen del presidente Evo Morales, antes del referendo del domingo
pasado.
El Ministerio de Gobierno aprobó una
operación policial mediante que remató en el arresto de Zapata, el viernes a
media mañana en la calle 21 de Calacoto, en la Zona Sur de la ciudad de La Paz.
Aseguró que "no tendremos ningún tipo
de injerencia en las tareas de investigación que realiza el Ministerio
Público".
El caso de la mujer vinculada
sentimentalmente a Morales en 2007 se expuso a la luz pública durante la
campaña previa al referendo bajo la figura de tráfico de influencias.
La acusación que debe probarse en un
proceso legal refería una estela de corrupción en la contratación de Zapata por
la empresa china CAMC, que se adjudicó la construcción de obras de envergadura
en el país a cuenta del Estado.
Corresponde a esa instancia, agregó,
investigar la veracidad de los hechos.
"¿Zapata incurrió en tráfico de
influencias?, ¿tenía conexión con altas autoridades del Estado?, ¿influyó para
que la empresa china CAMC se beneficie con contratos millonarios a su favor con
dinero público?: ésas son las preguntas básicas y otras inherentes, que el
Ministerio Público debe establecer", enfatizó Romero.
En este caso no solamente está la actuación
del Ministerio Público sino están activados otros dispositivos investigativos
del Estado, dijo Romero.
Aseguró que no incurrieron en ninguna
acción de secuestro y/o ilegal, sino están plenamente facultados para ejercer
una acción directa cuando existen características particulares de un caso que
podrían derivar en obstrucción a la justicia.
A juicio del Ministro "los opositores
deberían estar contentos de que se dinamice este caso, provocando que se
judicialice de buena vez".
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