EL ALTO, BOLIVIA (ANB / ABI).- Nueve falsos
abogados fueron aprehendidos el jueves, en un sorpresivo operativo que realizó
la ministra de Justicia, Virginia Velasco, tarea orientada a controlar el
empadronamiento de los juristas en el Registro Público de la Abogacía (RPA) y
el ejercicio legal de esos profesionales.
"Nos hemos constituido con agentes de
la FELCC y fiscales del Ministerio Público para verificar las oficinas que se
encuentran en esta zona y si los abogados y abogadas están empadronados en el
Registro Público de la Abogacía", dijo Velasco.
El operativo se inició pasadas las 10h00 en
la zona 16 de Julio de la urbe alteña y contó con funcionarios del Ministerio
Público, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y un
grupo de periodistas.
En el recorrido se constató que en varias
oficinas no estaban los abogados, sino supuestamente los asistentes, sin
licencia de funcionamiento y no cumplían los requisitos establecidos en la Ley
387 para habilitar esos bufetes jurídicos.
Velasco expresó su sorpresa al verificar
que algunas oficinas de abogados no portaban licencia de funcionamiento ni el
empadronamiento al RPA como tampoco el Titulo en Provisión Nacional del
profesional para el ejercicio libre de la profesión.
La autoridad halló en esas oficinas hojas
notariales blancas, pero firmadas, lo que permitió realizar una acción directa
contra nueve personas que fueron aprehendidas y conducidas a la FELCC acusadas
del delito del ejercicio indebido de la profesión.
Además, se precintaron esas oficinas y se
secuestraron expedientes que serán empleados como prueba de cargo en la
investigación en contra de los falsos abogados que infringieron la Ley del
Ejercicio de la Abogacía.
"Pedimos a la ciudadanía que cuando
recurra a los servicios de los abogados solicite que le exhiban la credencial
que le acredite que está empadronado en el RPA y este a la vista el título en
provisión nacional. No podemos permitir que el pueblo sea engañado por estos
falsos abogados", advirtió.
Comentó que los abogados cobran aranceles y
honorarios muy altos por la venta de vehículos, de inmuebles o la realización
de diferente trámite legal.
Indicó que para verificar si existen
irregularidades como las que se descubrieron en la ciudad de El Alto, los
operativos se extenderán en todo el país para hacer cumplir la legislación que
no solamente regula el ejercicio de la abogacía, sino establece principios y
control por parte del Ministerio de Justicia.
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