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miércoles, 11 de marzo de 2015

GOBIERNO OTORGA PLENAS GARANTÍAS A EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ Y SOSTIENE CRUZADA CONTRA AVASALLADORES

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El gobierno de Evo Morales otorgó plenas garantías al empresariado agropecuario de Santa Cruz, pulmón económico de Bolivia, de que la ley contra el avasallamiento de tierras no será revertida ni mucho menos, a la vez de reafirmar un complejo de normas que le dote de seguridad jurídica y apoyo estatal.


    "Un grupo de personas, en medio de un bloqueo, estaba sugiriendo (el martes) que cambiemos la Ley de Avasallamientos reclamando su (supuesto) justo derecho, supongo, a avasallarnos. No hay justo derecho a avasallar a nadie. ¡No vamos a cambiar la ley!. La vamos a mantener tal como está porque es una buena herramienta para garantizar la seguridad jurídica de las personas", afirmó el dignatario de Estado durante un encuentro el martes por la noche con representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industrias, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz.

    García Linera confirmó la decisión del gobierno nacional de acabar con la usurpación de tierras productivas en manos de privados que cumplen el requisito legal de la Función Económica Social.

     El Vicepresidente, que elogió sin recatos el trabajo de distensión, coordinación y enlace efectuado, en los últimos 4 años, tras la coyuntura 2007 y 2009, por los empresarios Julio Rodas, reelecto en la Presidencia de la CAO y de su colega empresario Gabriel Dabdoub, anunció por tanto el "fin, de manera  drástica, firme y contundente de los avasallamientos".

    "No se justifican ni nunca justificaremos un  avasallamiento. Nadie tiene por qué tocar, avasallar, usurpar las tierras del pequeño, mediano o el gran empresario que está produciendo. No vamos a descansar hasta sacar a todos los avasalladores" de las tierras de privados, sostuvo el mandatario al tiempo de instar a los agropecuarios a multiplicar sus denuedos hasta convertir a Bolivia en productor de alimentos por encima de Paraguay y Uruguay en los siguientes 5 ó 7 años.

    García Linera exaltó "la construcción de confianzas", el trabajo de coordinación de Rodas y Dabdoub con el gobierno de Morales que redundó en un paquete de leyes y decretos que destrabó la burocracia que ataba hasta hace poco al empresariado productor en el departamento de Santa Cruz.

    La empatía Gobierno-empresarios, pequeños, mediados y grandes productores  fructificó, dijo García Linera, en que en el último tiempo se hayan saneado 22 millones de hectáreas, un sexto de la tierra productiva de Bolivia, en favor de los productores de Santa Cruz.

    De 3,5 millones de hectáreas saneadas antes de 2006, "de manera rápida hemos saneado 22 millones de hectáreas, lo que significa 68 al 69% del territorio cruceño. Nos falta 21 ó 22%. La instrucción de nuestro presidente Evo que ha dado a nuestra ministra Nemecia (Achacollo) es que esto se acelere, ojalá este año (o tal vez) máximo primer semestre del siguiente, este 21% (ó 22%) nque falta por sanear pueda completarse de manera que el productor cruceño pequeño, mediado y grande tenga su título de propiedad que le garantice su estabilidad, su seguridad, su inversión y proyección hacia el porvenir" sostuvo.

    En este renglón, García Linera anunció, para las siguientes semanas, la entrega, por parte de la administración Morales, de entre 1.100 y 1.200 títulos de propiedad a medianos y grandes propietarios.

    El trabajo mancomunado de Gobierno nacional y empresarios  también permitió, significó García Linera, la regularización de 40.00 unidades de maquinaria agrícola de propiedad de los productores con fines financieros tras 20 años de abusos y corrupción de funcionarios y agentes de la Policía y de aduanas.

    También la homologación de un mecanismo que faculte la dotación expedita, moderna y sin trabas, de combustible a los productores, por encima de 1.200 litros de diesel, siempre de acuerdo con las necesidades de siembra y cosecha.

    "Hemos aprobado un decreto supremo firmado por nuestra Presidente que viabiliza no sólo la autorización para 1.200 litros sino que  ha establecido un mecanismo moderno de suministro y de control que no va requerir" del pretérito trámite engorroso, corrupto, "sino que de manera automática viabilice el acceso al combustible en función de sus necesidades para el productor" legalmente registrado, explicó.

    También reseñó la vigencia de una norma específica que canalice, ante el sistema financiero local, el reconocimiento de garantías no convencionales a favor del pequeño y mediano productor para acceder a créditos.


    Por último una ley de desmontes ilegales que en vez de penalizar con la reversión de la propiedad al productor infractor, le permita pagar multas y reforestar voluntariamente con el objetivo de producir alimentos.

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