RÉGIMEN PENITENCIARIO DENUNCIA A JUECES POR AUTORIZAR INGRESO DE CELULARES A PALMASOLA

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El director general de Régimen Penitenciario, Javier Aramayo, denunció el martes ante el Consejo de la Magistratura a tres jueces que autorizaron el ingreso ilegal de celulares y electrodomésticos al penal de Palmasola, en la ciudad oriental de Santa Cruz.

    'La denuncia presentada el martes a la representación del Consejo de la Magistratura de La Paz fue remitida de manera urgente a la ciudad de Sucre porque los jueces denunciados infringieron la norma que restringe el ingreso de los objetos prohibidos', explicó a los periodistas.

    Informó que la denuncia fue presentada contra los jueces de los casos de extorsión-corrupción y separatismo-terrorismo: Isabel Lea Plaza, Juan José Subieta y Sixto Fernández, que 'pretendieron autorizar el ingreso de celulares, televisores, refrigeradores, aire acondicionado y otros objetos prohibidos'.

    A su juicio, la actitud de esos jueces es incoherente con las normas, porque mientras se intenta mejorar el control de Palmasola con la implementación de equipos inhibidores de señal de teléfonos móviles para evitar ilícitos desde ese centro de reclusión, los juristas autorizan el ingreso de esos equipos.

    Preciso que los jueces firmaron notas autorizando el ingreso de esos objetos a favor de los privados de libertad involucrados en  los casos extorsión y terrorismo.

    El Director de Régimen Penitenciario dijo que tras la denuncia, espera celeridad del Consejo de la Magistratura para investigar, esclarecer y establecer responsabilidades disciplinarias y administrativas contra los jueces que intentaron 'distorsionar la ley, sus facultades y competencias'.

    'Estamos demostrando que las decisiones de los tres jueces no benefician al Gobierno nacional, a quienes beneficia, entonces, está demostrado que la acción de los jueces debe ser esclarecida y determinando responsabilidades', insistió.

    Advirtió que la Dirección de Régimen Penitenciario, como responsable de la administración y el control del sistema penitenciario, estará vigilante y firme para hacer cumplir el rol constitucional y la norma vigente evitando que los jueces 'tuerzan la ley'.

    'Desde la Dirección General de Régimen Penitenciario no permitiremos que jueces intenten amputarnos de nuestras facultades y nuestras competencias, porque estamos velando por un mejor servicio de administración penitenciaria', complementó.