La inmunidad diplomática no es para actos ilegales, afirma
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Canciller de Bolivia, David Choquehuanca.
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TRINIDAD, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El canciller del Estado, David Choquehuanca,
aseguró hoy que el gobierno brasileño vulneró normas nacionales e
internacionales al colaborar con la salida del país del senador opositor Roger
Pinto, a territorio brasileño, amparado en la inmunidad diplomática. Pinto,
luego de permanecer 455 días en calidad de asilado en la delegación diplomática
brasileña en la sede de gobierno, abandonó la misma el pasado viernes por la
noche en un vehículo oficial que lo llevó hasta Campo Grande, Brasil.
“Necesitamos que Brasil explique formalmente ya que se han violado normativas nacionales y
la normativa internacional. No puede ser que al amparo de la inmunidad
diplomática se vulnere mecanismos de cooperación”, protestó el Canciller en
declaración a los medios.
Choquehuanca aseguró que Brasil incumplió la convención de Caracas sobre
asilo diplomático de 1954 que en su artículo 3 establece que “no es lícito
conceder asilo a personas que se
encuentran inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios y competentes y
por delitos comunes o estén condenadas”.
El funcionario agregó que Pinto al no contar el salvoconducto -negado por
el gobierno boliviano- para salir del país “se violó la convención del asilo y
el derecho internacional en cuanto al principio de soberanía de los estados”.
Acotó que a su vez “se vulneró la convención Interamericana de lucha contra
la Corrupción, y la convención de Naciones Unidas contra la Corrupción que
establece que los estados parte (Brasil y Bolivia) deben facilitarse por todos
los medios, la persecución, investigación y sanción de delitos comunes de
corrupción”.
En todo enfático el Canciller pidió a Brasil que “explique formalmente” su
proceder. “Nosotros expresamos nuestra profunda preocupación por la
transgresión del principio de reciprocidad y cortesía internacional. Por ningún
motivo podía el señor Pinto abandonar el país sin salvoconducto”, dijo.
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| Senador Roger Pinto. |
Precisó que la normativa nacional se vio vulnerada porque contra el
político opositor pesaban “cuatro arraigos y mandamientos de aprehensión que le
impedían salir del país”. “Es por todo ello que Bolivia negó la otorgación de
salvoconducto, por delitos comunes de corrupción; él no es un perseguido
político”, apuntó.


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