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lunes, 4 de marzo de 2013

DEFENSOR INDAGA CASO DE MENOR OBLIGADA A CASARSE



Tras envenenamiento de su madre
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó este lunes que su representante en los Yungas decidió investigar el envenenamiento de una madre en Chicaloma, provincia Sud Yungas, La Paz, después que un dirigente pidió entregar a su hija de 14 años  en matrimonio a un hombre de 30 años.  


“La señora que tuvo que quitarse la vida frente a un hecho que es alarmante, de hecho ya estoy denunciando públicamente, pero queremos todos los pormenores (y posteriormente) sean conocidos por la Fiscalía y nosotros vamos hacer un informe de acción inmediata para que ninguna autoridad encubra (el caso)”, afirmó.

Según el hermano de la menor, la muchacha salió de su comunidad hace un mes, con el objetivo de ganar unos jornales cosechando coca en la comunidad de Chimasi, sector de Chulumani, pero la madre extrañada porque no retornaba a su casa, salió en su búsqueda y no pudo encontrarla. Hasta que ayer, un hombre, de apellido Copa, llegó a su casa, acompañado de sus familiares, para pedir la mano, reporta Yungas Noticias.

La madre se opuso tenazmente, con el argumento de que su hija era menor de edad. Además, según el hermano, había claras muestras de que estaba siendo obligada a convivir con el sujeto. Al chocar con la negativa maternal, los solicitantes habrían incluso agredido a la señora. Luego se fueron del domicilio, pero horas después retornaron acompañados del secretario general de Villa Trinidad, Florentino Titirico, quien habría obligado a la mamá a entregar a su hija.

Los hijos de la mujer que se quitó la vida afirman que en su agonía la señora dijo que se había envenenado por culpa del dirigente que hizo que perdiera a su descendiente. El médico del hospital de Irupana, Lucio Chirino, confirmó que ingirió un producto órgano fosforado. Pese a que el galeno acudió de inmediato al lugar, la señora falleció a las 17.00 en el mencionado centro médico.

Agrega que las autoridades policiales de Irupana han recibido la denuncia y han extendido la citación para que el mencionado dirigente se presente en sus oficinas para prestar su declaración. La Ley del Deslinde Judicial establece claramente que los dirigentes comunales no tienen potestad para resolver problemas de orden familiar.

Villena agregó que el representante Defensorial en Canaranavi también efectuará el trabajo de recolección de los elementos sobre el hecho sucedido porque no se trata de llegar a acuerdos para proteger a algunas autoridades sindicales que están ejerciendo el uso indiscriminado del poder afectando a niñas y mujeres.

“Nosotros no estamos investigando, ni vamos a hacer el trabajo que hace el Ministerio Público, nuestro ámbito es específico, pero estos hechos lesivos a la dignidad (ejercido con) ultraje vejamen de seres humanos no vamos a permitir”, sostuvo.

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