URUGUAY (ANB / Erbol).- La Organización No Gubernamental (ONG) Cotidiano
Mujer denunció sobre vulneración de los derechos de mujeres migrantes en
Uruguay. Agrega que en los últimos meses “se detectó un patrón de
comportamiento en perjuicio de mujeres bolivianas” que llegan a trabajar como
trabajadoras del hogar.
En este marco les resultó “alarmante” la situación de “explotación laboral”
que sufrían trabajadoras procedentes de Bolivia en una residencia en Carrasco,
que fue denunciada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y culminó
con el allanamiento de la residencia el pasado 2 de agosto, ante la negativa de
los propietarios a aceptar la inspección laboral, señala el reporte.
El comunicado establece que los dueños de la finca son Natalia Manhard y
Javier Fernández, que están “vinculados a empresas de significativa relevancia
en el país como Chic Parisien y Fripur”, y que en esa casa como “en la de sus
padres” se registró “una permanente rotación de las trabajadoras domésticas
bolivianas”, agregando que en un año “pasaron al menos diez trabajadoras”.
Valeria España, de Cotidiano Mujer, dijo que en la casa había cuatro
trabajadoras y que el MTSS impuso un plazo para que se regularice la situación
laboral. Sin embargo, también les “preocupa” la situación de las mujeres que
fueron despedidas con anterioridad, ya que “muchas fueron obligadas a
trasladarse de regreso a Bolivia” por los empleadores.
España confirmó que la ONG detectó el mismo tránsito de mujeres en el domicilio
de los padres de Manhard y en una casa de Punta del Este que pertenece a la
pareja de empresarios, también conocidos públicamente porque años atrás se
dedicaban a correr rally a nivel internacional.
Javier Fernández es hijo de Alberto Fernández, dueño de la firma pesquera
Fripur, uno de los empresarios que pagaron 15.000 dólares para financiar el
acto de asunción de José Mujica, además de regalarle la banda presidencial que
el mandatario usó ese día.
Según la activista estas mujeres que trabajan “cama adentro” deben estar al
servicio de sus patrones por “tiempo completo” en jornadas de 12 o 13 horas por
día.
Llegan a Uruguay “con una promesa de trabajo” y la condición de
irregularidad es un pretexto “para vulnerar sus derechos”.
El comunicado finaliza saludando las acciones de la Inspección de Trabajo y
expresando que se considera imprescindible “que estos hechos no queden
impunes”. (Con información de la diaria).
Montevideo, Uruguay, 7 agosto 2012 – J.C.
he visto on line varias publicaciones bolivianas y en ninguna veo algún comentario.... o no les interesa los temas de violación no sólo de derechos laborales sino de derechos humanos, pues la situación en que eran tratadas éstas trabajadoras bolivianas es vergonzosa ó no se informan lo suficiente de la realidad que padecen muchos de sus ciudadanos.
ResponderEliminar