Por Coco Cuba
LA PAZ Y SUCRE, BOLIVIA (ANB / ABI).- Un juez boliviano dictó prisión para el tesorero de la
Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Carlos Chávez, también
presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), formalizado por la
comisión de 6 delitos, entre ellos adosarse el dinero cedido por Brasil
destinado a la familia de un chiquillo muerto en el acto por una bengala en un
estadio de la andina Oruro en 2013.
Dos y medio años después de que la bengala
lanzada por un torcedor del brasileño Corinthians, durante el partido con San
José por la Copa Libertadores en Oruro se encastrara en el rostro hasta
provocar la muerte de Kevin Beltrán, de 13 años, el juez Quinto de Instrucción
en lo Penal, Roberto Valdivieso, encontró fundada la argumentación de la
Fiscalía General del Estado y mandó a guardar a Chávez en la cárcel más
hacinada y peligrosa de Bolivia, la de Palmasola, de su natal Santa Cruz.
"La realidad es que Brasil jugó gratis
para ayudar a la familia de Kevin y Carlos Chávez y otros dirigentes abusaron
de esa buena voluntad y de la gente que pagó su entrada", confirmó el
fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, después de la audiencia en que el
mandamás caído en desgracia de la FBF fue enviado a la cárcel.
La comisión de fiscales, que llamó a
declarar a más de 50 personas vinculadas directa o indirectamente a la FBF,
había acusado a Chávez y al menos 3 de sus colaboradores, por la comisión de
varios delitos de orden penal, cometidos en Bolivia y que riñen con la
legislación local, tales como organización criminal, legitimación de ganancias
ilícitas, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, delitos
tributarios y estafa con la agravante de víctimas múltiples.
Tal comisión precisó que Chávez incurrió en
estafa agravada cuando dispuso a discreción del dinero recaudado en un partido
amistoso apurado por Brasil, que no cobró un céntimo, y Bolivia, a beneficio de
la familia de Kevin.
El fiscal superior de la Comisión, Iván
Montellano, reveló que el dinero del partido a beneficio de los familiares del
chiquillo boliviano que para ver en cancha al San José de sus amores frente al
Cotinthians viajó a lo largo de 400 km entre las ciudades de Cochabamba y
Oruro, fue utilizado para solventar la nómina
de los empleados de la FBF.
La muerte intempestiva de Kevin derivó en
la aprehensión de 12 miembros de la barra brava del equipo fluminense, por cuya
liberación, tras casi un año de cárcel, la Confederación Brasileña de Fútbol
ofreció un partido, entre las selecciones mayores de Bolivia y Brasil, a
beneficio de la familia del adolescente boliviano fallecido.
El partido se verificó en arreglo a lo
convenido y, según informes preliminares,
los familiares de Beltrán no recibieron, hasta la fecha, un céntimo de la
recaudación.
"La comisión de Fiscales fundamentó la
imputación y demostró los riesgos procesales que existen y esos argumentos
fueron valorados por la autoridad jurisdiccional que determinó la detención
preventiva para Carlos Chávez y medidas sustitutivas para Alberto Lozada",
sostuvo Guerrero.
Los fiscales habían puesto en la mira a
Chávez y entre otros de sus inmediatos al tesorero de la FBF, Alberto Lozada,
luego que estallara un escándalo de corrupción en la Federación Internacional
de Asociaciones de Fútbol (FIFA), que salpicó a la Conmebol y que se cargó al
mismísimo presidente del ente mundial, el suizo Joseph Blatter.
Tras escuchar el dictamen del juez Valdivieso,
Chávez, vestido en jeans y una casaca de cuero de color negro, aclaró que no se
había quebrado, como dijeron los periodistas que seguían la audiencia judicial
que mayor expectación despertó en Bolivia la última década.
Todo lo contrario, "estoy con
muchísima bronca; lo mínimo que deben hacer es dejarme en libertad",
sostuvo.
Mientras que el titular de la FBF se
encaminaba a su celda en la ciudad de Sucre tras poco menos que intimar su
liberación, el fiscal Guerrero proporcionaba en La Paz detalles del accionar
administrativo de Chávez, al margen ya del ahora encendido caso Kevin Beltrán,
que hasta la semana pasada dormía el sueño de los justos.
Es que cuestionados por separado, Chávez y
Lozada proporcionaron información dispar de la entidad que administran
ininterrumpidamente desde 2006.
El tema de las cuentas bancarias de la FBF
abrió enormes dudas en los investigadores sobre que los dirigentes del fútbol
boliviano se traían entre manos algo que no cerraba.
"Respecto a las cuentas, Lozada afirma
que la FBF tiene 2 cuentas; Chávez señala que son 3, pero el banco da cuenta
que son 5 y una inactiva", describió Guerrero que se esforzó para
establecer que el caso no trata de una intervención al fútbol federado de
Bolivia, sino una retahíla de irregularidades con los pesos del tesoro de la
entidad privada más pública y a la vez autónoma del país.
Abrió también sospechas cuando Chávez dijo,
durante su declaración informativa, que los contratos suscriptos por él a
nombre del fútbol boliviano para la cesión de los millonarios derechos
televisivos vista la Eliminatoria para el mundial de Rusia 2018, se habían
firmado en Buenos Aires, cosa que reñía con la verdad.
Tres días después que una carta apócrifa
salió de la FBF, a los cajones postales de la FIFA y la Conmebol, denunciando
una supuesta intervención del Estado al fútbol, Montellano, fiscal jefe de la
Comisión que se zambulló en las aguas encrespadas de la administración del
fútbol boliviano, reveló que, a pesar de la aseveración de Chávez, aquellos
documentos, que implican entre sus cientos de palabras entre 5 ó 6 millones de
dólares, fueron firmados simple y llanamente en Santa Cruz y ni siquiera en la
ciudad de Cochabamba, donde la FBF tiene sede física y legal.
La pesquisa ató cabos de los ya supuestos
manejos sospechosos de la plata de la FBF cuando estableció la existencia de
cheques girados a nombre de Alberto Lozada y "de éste a su hijo sin
ninguna justificación", refirió Guerrero.
La convicción de la Comisión de Fiscales
terminó de fraguar cuando los investigadores
conocieron que Chávez, que juró para un segundo mandato bajo el árbol de
una plaza pública en la ciudad de Trinidad, en la tórrida Amazonia, más caliente
que nunca en el año en el lluvioso enero, presentó una documentación falsa en
su declaración informativa.
Todo indica que Chávez hizo aparecer una
documentación notariada y, lo peor, que la notaría que supuestamente dio la fe
pública del Estado, no conoce de qué se trata y menos que la tiene registrada.
En un procedimiento tipo de los operadores
de justicia bolivianos, ordenar el encierro del imputado poco antes de las
18h00m del viernes, cosa que el fin de semana entre barrotes se haga eterno, y
ablande las más aceradas convicciones, Chávez fue detenido el viernes último.
El dirigente acudió a la audiencia seguro
que nadie, ni siquiera el padre del muchacho muerto, se acordaba los 3 millones
de bolivianos y que esa suma habría de quedarse para siempre en el limbo y en
la memoria flaca de los bolivianos, murmuran los periodistas y abogados que en
la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial boliviano y donde se ventila el
caso, han seguido los incidentes del proceso que cerró su primer capítulo con
el encierro impensado de Chávez en Palmasola, por lo menos hasta el viernes
cuando se escuchen las apelaciones.
Kevin volvió de la tumba para cobrar el
billete, dijo medio en sorna medio en serio, un locutor de radio que apuntó que
el dictamen coincidió con las sospechas que recaen sobre Chávez y su entorno
directivo por haber recibido, a nombre
de la FBF, millonarias sumas, entre 1 y
1,7 millones de dólares, provenientes de un fondo de coimas registrado en las
esferas decisorias de la FIFA en su hora negra.
Mucho más allá del mito, en la ciudad de
Cochabamba, el padre del malogrado Kevin, Limbert, se salió de sus ropas cuando
escuchó por radio decir que Chávez decía que la plata de la recaudación había
sido empozada y que era una canallada la acusación en su contra.
"Yo he escuchado en algún medio de
comunicación como este Chávez decía que son canalladas contra sus personas,
cuando éste es el canalla y no tiene sangre en la cara porque de frente se ha
embolsillado una recaudación de más de medio millón de dólares a nombre de mi
hijo", rugió el hombre.
Del medio millón de dólares recaudado,
Limbert Beltrán juró que no recibió "un sólo centavo".
"Estoy indignado, da bronca escuchar a
estos individuos que pese a estar bajo las rejas tratan de justificar lo
injustificable", criticó.
La comisión de fiscales pidió el 2 de julio
al juez que lleva la causa, el plazo de 120 días más para continuar con la
investigación preliminar sobre los manejos económicos FBF.
Guerrero informó el martes por la noche que
la Policía "extrema esfuerzos" para dar con el paradero de los
dirigentes Pedro Zambrano y Jorge Justiniano, implicados en el manejo irregular
de recursos de la FBF.
"Ambas personas tienen orden de
aprehensión y esperamos los resultados por parte de la Policía boliviana que
los busca a fin de que sean sometidos como corresponde, en el marco de la
actuación del Ministerio Público", explicó en rueda de prensa de La Paz.
La bengala lanzada por el torcedor que se
cobró la vida de Kevin, parecía que iba a lacerar, a más de Chávez y Lozada, a
quien la Fiscalía quiere tras de rejas, a Zambrano y Justiniano que, parece, no
encuentran un poco de sombra en el Tamarindo que ese mediodía de enero les dio
cobijo cuando, en medio de un revuelo, reprodujeron el poder en la FBF.
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