DIPUTADO YAKSIC: 8% DE COCALES ESTÁ EN PARQUES

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- De acuerdo al Informe de Naciones Unidas sobre el tema, a diciembre de 2012, Bolivia posee algo más de 27 mil hectáreas de coca, de las cuales, el 62%, es decir, 17.900 hectáreas, se encuentran en los Yungas, el restante 29% está en el departamento de Cochabamba, en 8.100 hectáreas. Lo preocupante del Informe es  que 2.150 hectáreas (8% del total) se localizan en áreas protegidas del país, donde la agricultura está restringida al máximo por ser zonas forestales y de conservación, señaló a Erbol Fabián Yaksic, diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM).

El legislador estuvo recientemente en la zona de Apolo e indicó que de acuerdo al último informe del organismo internacional, el uno por ciento de la coca producida en Bolivia se encontraba en las provincias del norte de La Paz, es decir, un total de 320 hectáreas.

En Apolo, la zona donde estalló la violencia el 19 de octubre pasado, se hallan 193 hectáreas cultivadas del arbusto. El parlamentario sostuvo que de acuerdo a la ley 1008 en actual vigencia, las provincias Franz Tamayo, Muñecas y Bautista Saavedra son consideradas zonas de cultivo tradicional, por lo que no son objeto de erradicación. 

Recorrido

Yaksic  llegó a la zona donde tuvieron lugar los enfrentamientos entre erradicadores y productores, en un viaje por tierra de once horas a lo largo de 440 kilómetros. Pidió que las autoridades investiguen cuál fue el detonante de las cuatro muertes.

“El gobierno dice que todo comienza cuando la fuerza de tarea conjunta es atacada por los campesinos, pero las señoras de la zona dicen que todo empieza con un ataque y allanamiento a sus casas en la zona de Miraflores por parte de los policías y militares. Fue en ese nivel de confusión que se desarrollaron los hechos lamentables del 19 de octubre”, dijo Yaksic.

Para el asambleísta, el origen del conflicto es la división de la familia cocalera provocada por una política equivocada del gobierno. A pesar de que la zona es de cultivo tradicional, el gobierno ha decidido biometrizar a los productores, lo cual ha generado la sensación de que quienes se rehúsen a aceptar el registro, van a perder sus cocales. Yaksic recordó que en uno de los comunicados de quienes se resisten a la biometrización, se advierte que están “totalmente armados”, lo cual llevó a pensar que había armas de fuego en la zona.

Atropello

Yaksic denunció el atropello y prepotencia de la policía después de registrados los muertos del 19 de octubre. Dio a conocer los casos de Simeón Pablo Enrique Salas, Felipe Toro Cáceres y Andrés Humberto Flores, ciudadanos de Apolo, que fueron violentamente detenidos el martes 22 de octubre, y  llevados en avión hasta La  Paz sin que se les comunique los motivos del arresto. Luego fueron liberados por el juez, lo cual demuestra que la policía actúa sin pruebas y ante cualquier denuncia infundada.

Por otra parte, la querella presentada por Leopoldo Ramos Herrada, el fiscal asignado al caso, contó Yaksic, sostiene que los imputados deben responder por haber sembrado coca en el parque Madidi, lo cual, siempre según el diputado del MSM, evidencia que el fiscal desconoce la geografía de Bolivia, en la que el Madidi se encuentra muy lejos de Piedra Blanca, Copacabana o Miraflores, sitios donde se pretendía erradicar la coca.

El diputado Yaksic averiguó también en la región si es que había algún ciudadano peruano involucrado en los hechos. Encontró que de acuerdo a los reportes entregados regularmente a la policía por las residenciales y hoteles de Apolo, en el último año, ni un solo extranjero se ha registrado, lo cual muestra que, según Yaksic, “lo dicho por el gobierno insulta la inteligencia de los bolivianos, los paceños y los apoleños”.  El diputado recordó que entre Apolo y el puesto fronterizo más próximo con el Perú, San Fermín, hay una distancia de 140 kilómetros, comunicados mediante una senda accidentada y de difícil circulación.

En la zona conflictiva del norte de La Paz, la provincia Franz Tamayo, donde está Apolo, hay 193 hectáreas, Bautista Saavedra tiene 81 y Muñecas, 47.  Juntas, las tres provincias producen el uno por ciento del total de la producción de coca del país.

Intereses

Yaksic denunció además que el fiscal asignado al caso, Leopoldo Ramos, tiene intereses en Apolo, porque él habría sido el responsable de plantear la destitución del anterior alcalde de la localidad, Mario Flores, quien fue reemplazado por un concejal del MAS.  A su vez, el nuevo alcalde masista habría nombrado al hermano del fiscal Ramos como su asesor. Por ello Yaksic pidió que Ramos sea apartado del caso, dado que ha mandado a detener a los dirigentes campesinos que en su momento lo denunciaron por tráfico de influencias en relación al municipio de Apolo.

Por su parte, el parlamentario Juan Carlos Sejas, que preside la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, informó a Erbol que ya se encuentra a cargo de los últimos detalles para entregar un informe final de esa instancia acerca de  lo ocurrido en Apolo.

Adelantó que muchas señoras de la región han planteado relatos “absurdos” sobre el supuesto intercambio de disparos entre las fuerzas del orden. Al mismo tiempo dijo que han recibido testimonios de las torturas a las que fueron sometidos los policías que fueron tomados como rehenes, información que no habría sido tomada en cuenta por el ex diputado Gregorio Lanza, representante del Defensor del Pueblo.