SILALA: LAS PRUEBAS DE CHILE CONTRA BOLIVIA

CHILE (ANB / La Tercera).- Desde el año 2000 a la fecha, Bolivia ha negado de manera sistemática la entrega a Chile de información sobre las aguas del Silala y se ha retirado de todas las misiones técnicas bilaterales que buscaban fijar la pendiente y el caudal del río, violando los principios del derecho internacional.

El miércoles 23 de marzo pasado, Eduardo Rodríguez Veltzé no ocultó su sorpresa ante el pequeño equipo que lo acompaña en la misión diplomática boliviana en La Haya tras escuchar el discurso del Presidente Evo Morales con motivo del Día del Mar.

“He instruido a Diremar que estudie las alternativas jurídicas para asumir la defensa de nuestras aguas del Silala ante las instancias internacionales competentes”, dijo el mandatario paceño casi al término de la alocución que debía estar orientada a la reivindicación marítima, pero que de improviso torció hacia el “aprovechamiento” que desde hace más de 100 años hacen empresas chilenas de las aguas que nacen en el altiplano boliviano, en el departamento de Sud Lípez, cerca de la frontera, y que, según  alega Bolivia, fueron desviadas artificialmente hacia Chile. 

Sólo unas pocas semanas antes, el 10 de febrero, Rodríguez Veltzé había estado en Santa Cruz, Bolivia, participando de las reuniones de coordinación del equipo jurídico que lleva la demanda boliviana contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia y nada se habló entonces de la posibilidad de entablar otro juicio internacional, ni de los pros y contras que eso podría tener en el litigio marítimo en curso.

 Ese día, en Santa Cruz, Rodríguez Veltzé estuvo con dos de los principales abogados extranjeros contratados por Bolivia -el español Antonio Remiro Breton y la francesa Monique Chemiller-, el procurador general del Estado, Héctor Arce -considerado el asesor jurídico más cercano e influyente del Presidente Evo Morales-, el secretario general de la Diremar,  Emerson Calderón, y el vicecanciller Juan Carlos Alurralde. Nada menos que el núcleo duro de la demanda marítima boliviana. De ahí su sorpresa.

Pero no fue el único sorprendido. Cercanos al vocero internacional de la demanda marítima, Carlos Mesa, aseguran que el ex Presidente tampoco podía creer lo que estaba escuchando. “Esto es totalmente inesperado”, afirman en el entorno de Mesa, quien viajó esta semana a Perú. Según sus cercanos, el ex mandatario se fue molesto, pues resintió el anuncio del gobierno como un intento para quitarle protagonismo en el tema del mar y, al mismo tiempo, como una estrategia de Morales para retomar la agenda mediática en medio de los problemas que enfrenta tras el fracaso electoral en el referéndum que buscaba permitir su reelección y el escándalo de corrupción ligado al caso de Gabriela Zapata.

Apenas unos días antes de la conmemoración del Día del Mar, afirman fuentes diplomáticas bolivianas, Evo Morales preparó el discurso con un grupo reducido de colaboradores de Palacio Quemado, entre ellos los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana -quien también se ha visto salpicado por el escándalo de la ex novia del mandatario-; el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el vicepresidente, Alvaro García Linera, y el procurador general de la República, Héctor Arce. Se trata del círculo de hierro presidencial, el mismo que ha estado detrás de la estrategia  de la reelección de Morales.

Fue entonces que se levantó la idea inicial de “evaluar la posibilidad” de judicializar las disputas por los recursos hídricos compartidos. El resto, se ha ido montando sobre la marcha. Pasaron tres días para que el presidente afirmara que la demanda se radicaría en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y recién el martes de esta semana mandató al canciller David Choque-huanca para que conformara un equipo de expertos internacionales y nacionales que se encargue de preparar la acción.

El texto tendría por objetivo que la corte declare que el Silala no es un río internacional y que Chile debe pagar por toda el agua usada en más de 100 años. Una cifra que, según el presidente del Senado boliviano, el oficialista José Alberto Gonzales, ascendería a más de US$ 1.000 millones.

“No es que estemos improvisando”, dijo Morales el martes 29, al término de una visita a la zona donde nace el Silala. Son dos extensos bofedales a unos 4.350 metros de altura, ubicados en el Cantón Quetena Chico, al sureste del Parque Nacional Eduardo Abaroa, en el Departamento de Potosí. Allí afloran, en medio del desierto, casi un centenar de ojos de agua y manantiales que al unirse conforman un curso de agua de 180 litros por segundo.

Bolivia alega que se trata de aguas estancas, que fueron canalizadas en 1908 para desviarlas artificialmente a Chile, luego del otorgamiento gratuito de una concesión por 99 años a la empresa The Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited (actualmente Empresa de Ferrocarril Antofagasta-La Paz), la que utilizaría el líquido para las calderas de las locomotoras a vapor.

Chile admite que se hicieron obras de ingeniería menores para reducir la pérdida de agua por infiltración, pero eso no altera lo esencial: que se trata de un curso de agua transfronterizo que escurre en forma natural debido a la pendiente del terreno.

Así lo declaraban los dos países hasta 1996, cuando Bolivia puso en duda por primera vez que el Silala fuera un río internacional y caducó en forma anticipada la concesión a la empresa de ferrocarriles. Tres años después, modificó de manera unilateral todos los mapas oficiales confeccionados en forma conjunta por comisiones bilaterales de las direcciones de límites de las respectivas cancillerías y que graficaban al “Río Silala”. La medida implicó el envío de dos notas de protestas del gobierno chileno a La Paz en 1999.

Desde entonces y hasta la fecha, Bolivia se ha negado sistemáticamente a terminar los estudios técnicos conjuntos y a entregar información a Chile sobre las aguas del Silala, lo que vulnera los principios del derecho internacional contenidos en la Convención de las Naciones Unidas de 1997 sobre “el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación”. Convenio marco que rige para Chile y Bolivia.

Contrademanda chilena

“La posición de (Evo) Morales es un voladero de luces, una utilización política de un tema en el contexto político que conocemos en Bolivia”, replicó el canciller Heraldo Muñoz poco después de que Morales anunciara que demandarían a Chile, mientras exhibía uno de los mapas adjuntos al Tratado de 1904 y que reconocía, ya en esa época, la existencia del río Silala y su curso desde Bolivia a Chile.

La respuesta del gobierno de Bachelet fue clara. Si Morales lleva el tema a La Haya, Chile presentará una contrademanda contra Bolivia para denunciar que La Paz se ha negado a cooperar en el levantamiento de la información técnica necesaria para definir los usos y beneficios de un río internacional. También puede esgrimir que Bolivia se ha negado a negociar con Chile, lo que debilitaría el alegato paceño en el litigio marítimo.

“El derecho internacional obliga a los países que tienen recursos hídricos compartidos a mantener un trabajo técnico conjunto y mutuo, con el objetivo de tener un levantamiento de información compartido, antes de regular y establecer qué le corresponde a cada Estado”, señala el abogado Rodrigo Wiesner, experto en Derecho Internacional de Aguas de uso transfronterizo.

El abogado socio del estudio Ortiz & Puga y ex director general de Aguas del MOP durante el anterior gobierno de Bachelet afirma que el derecho internacional obliga también a los países a intercambiar regularmente y de buena fe información hidrológica, meteorológica, hidrogeológica y ecológica relativa a las aguas. “Si no entrego esa información, estoy incumpliendo el derecho internacional”, recalca.

s Naciones Unidas, señala Weisner, impone a los estados la obligación de negociar de buena fe, lo que implica “que los estados deben entregar toda la información disponible en sus bases cartográficas e hidrológicas”, remarca.

Weisner no quiso referirse a la situación específica del Silala, pues a él le tocó participar directamente en las negociaciones del fallido preacuerdo de 2009. Pero la Cancillería chilena ya ha recopilado todos los antecedentes desde 1999 a la fecha, que dan cuenta de la negativa de Bolivia de entregar información sobre el Silala, el retiro unilateral de los equipos técnicos que participaban en el levantamiento de esa información técnica y en la negativa a negociar, manifestada en el rechazo unilateral por parte de La Paz al preacuerdo que se había alcanzado sobre el Silala en 2009.

La agente de Chile en La Haya, María Teresa Infante, ha sido testigo directo de esas fallidas conversaciones con Bolivia. Como jefa de la Dirección de Fronteras y Límites entre 1997 y 2009, la abogada experta en Derecho Internacional fue responsable de los equipos técnicos chilenos que buscaron entenderse con Bolivia en el tema del Silala.

Fue a fines de octubre y comienzos de noviembre de 2000, recuerda Infante, cuando una comisión técnica bilateral viajó a la zona del Silala para realizar las mediciones de pendientes necesarias para confirmar si se trataba o no de un curso natural. Por el lado chileno, el equipo estaba integrado por  funcionarios de la Difrol, de la Dirección General de Aguas y del Servicio de Geología y Minería. El boliviano, en tanto, estaba conformado por geólogos, expertos en aguas y funcionarios de la Cancillería paceña.

“Los equipos acamparon juntos en el lado chileno, porque era de más fácil acceso hacia las nacientes del Silala. Hicieron las mediciones. Estas fueron muy interesantes, porque dejaban en claro que la inclinación del terreno llevaba las aguas de manera natural hacia Chile”, dice Infante.

Chile envió todos los datos a Bolivia, incluidos varios gráficos, recuerda la embajadora Infante. Pero Bolivia sólo remitió algunos datos sueltos, que hacían imposible su procesamiento. “Se les solicitó en varias oportunidades que enviaran los datos procesados y los gráficos correspondientes, pero Bolivia nunca los entregó”, recalca.

Un año después, en 2001, las cancillerías retomaron las conversaciones y lograron acordar la realización de un estudio aerofotométrico, lo que permitiría levantar una cartografía conjunta de la zona del Silala. Se concordaron los términos de referencia en que se realizaría el trabajo y los equipos que participarían. Incluso, Bolivia dispuso de un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea Boliviana para hacer el trabajo. En él viajaron  juntos técnicos chilenos y bolivianos.

Tras tomar las fotografías, inesperadamente y sin dar explicaciones, el gobierno boliviano echó pie atrás y cerró las conversaciones, sin que se llegaran a confeccionar las cartas geográficas.

A fines de 2002, en medio de las negociaciones con Chile para obtener un enclave marítimo para exportar gas, Bolivia pidió restablecer las conversaciones por el Silala. Eran los tiempos en que el canciller boliviano Antonio Araníbar admitía que se trataba de un río internacional. A Santiago llegó una delegación, encabezada por el entonces director de América de la Cancillería paceña, Edgard Pinto, quien tenía muy buena relación con la Cancillería chilena, pues le había tocado liderar desde la Dirección de Fronteras varias de las negociaciones con Chile.

Antes de ingresar a la reunión del “Grupo de Análisis de Recursos Hídricos Compartidos”, sin embargo, Pinto recibió desde La Paz la contraorden de suspender el encuentro y volver de inmediato a Bolivia.

Durante 2003, dice Infante, hubo varias tratativas de parte de Chile para retomar las conversaciones técnicas del Silala y realizar los trabajos de mediciones y levantamiento de información. Los contactos eran con el vicecanciller boliviano, Jorge Gumucio, y con Edgard Pinto. Pero Bolivia postergó las negociaciones, pues, según ellos, estaban haciendo un levantamiento general de los recursos hídricos disponibles en Bolivia. El mismo trabajo que anunció el martes 29 el Presidente Evo Morales durante su visita a las nacientes del Silala.

 Al año siguiente, Chile insistió en hacer las mediciones. “Hubo una reunión en Bolivia, a la que llegó por la parte boliviana un especialista llamado Williams Torres. Era un tipo preparado, pero, aunque estaba mandatado por la Cancillería paceña para discutir el tema del Silala, defendía la posición oficial boliviana de que el origen de las aguas no estaba claro. Nosotros le decíamos que no estábamos dispuestos a filosofar sobre el tema y que lo que había que hacer era ir a terreno y hacer las mediciones”, afirma la embajadora Infante. Una vez más, Bolivia no acordó hacer los trabajos conjuntos indispensables para cerrar  la polémica sobre el Silala.

El año 2005 había reuniones pendientes para retomar el tema del Silala, las que fueron suspendidas por la caída del gobierno de Carlos Mesa. Su sucesor, el Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, pidió postergar un poco el tema y concentrar las negociaciones en recomponer las relaciones bilaterales. Antes de salir de la Cancillería, el vicecanciller Gumucio firmó un acta bilateral con Chile, en la que se acordó que los dos países “trabajarían en conjunto para hacer las mediciones del Silala”. Hasta hoy, ese compromiso no se ejecuta.

Las conversaciones por el Silala se retomaron a partir del 2008, en el marco de la Agenda de 13 Puntos. Esa vez, afirma, Infante fue Bolivia, la que pidió avanzar en el tema.

Una delegación boliviana vino a Chile con ese propósito, encabezada por el entonces vicecanciller Hugo Fernández y un joven ingeniero hidráulico llamado Juan Carlos Alurralde, quien el año 2000 había alcanzado notoriedad en los movimientos sociales bolivianos en la llamada Guerra del Agua. Ambos manifestaron disponibilidad para cerrar una negociación que fuera beneficiosa para los dos países. Alurralde entendía el tema y comprendía la necesidad de hacer las mediciones conjuntas y la entrega de información, señala uno de los negociadores de la época.

Así, tras varias conversaciones se llegó a establecer el preacuerdo del 2009, el que en su artículo segundo reconocía al Silala como un río internacional. A cambio, Chile, de acuerdo con el derecho internacional, aceptaba que Bolivia pudiera cobrar por el aprovechamiento en su territorio del 50% de las aguas. Además, se fijó un plazo de cinco años para hacer las mediciones necesarias para fijar el caudal promedio.

Aunque Fernández intentó empujar el acuerdo, no tuvo piso político en Bolivia. Movimientos sociales de Potosí reclamaban al gobierno de Evo Morales por negociar con Chile la entrega de las aguas. Una primera señal de que las cosas andaban mal, afirman fuentes de la Cancillería chilena, llegó a mediados de 2009. Bolivia manifestó que no podía incluir en el acuerdo una frase en el documento que habían enviado desde Santiago y que decía que Bolivia y Chile han realizado trabajos conjuntos y se comprometen a continuarlos.

Poco después, Bolivia postergó la firma del acuerdo.

Las conversaciones se detuvieron en el gobierno de Sebastián Piñera. En 2012, el gobierno de Evo Morales anunció la construcción de varios proyectos de aprovechamiento de las aguas del Silala, un criadero de truchas, una planta embotelladora de aguas y hasta una central hidroeléctrica de pasada. Ninguno de los proyectos era viable. La población más cercana por el lado boliviano está a casi 70 kilómetros de distancia. Sólo se construyeron las piscinas para la piscicultura, pero los alevines de truchas murieron congelados.

Desde entonces, de acuerdo con los principios del derecho internacional establecidos en la Convención de las Naciones Unidas de 1997 para el aprovechamiento compartido de recursos hídricos transfronte- rizos, Chile ha reclamado a Bolivia la entrega regular de información sobre el uso de las  aguas del Silala y las medidas de mitigación para preservar la calidad de las mismas. Pero Bolivia no ha contestado, lo que a juicio de la Cancillería chilena constituye una prueba más para la contrademanda contra el gobierno de Morales si es que materializa la anunciada amenaza de llevar el Silala a un tribunal internacional.