Tras denuncias contra el Ministro
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Después de que se hiciera público un supuesto chat entre Gabriela Zapata y el ministro de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana, expertos en informática y redes sociales
sugieren verificar la veracidad de los mensajes en el teléfono celular de la
joven, y no en el de la autoridad porque ésta pudo haber eliminado las
evidencias e incluso cambiar de aparato móvil.
“Si Quintana compra un nuevo celular y en ese celular se hubiera instalado
nuevamente el whatsapp, por más que se haga un peritaje, no va a salir esa
información porque seguramente él ya lo ha eliminado. Más que todo habría que
revisar el celular de Zapata para ver si ella ha enviado esa información y si
esa información es legítima, ahí se podrá hacer un peritaje”, explicó el
abogado y experto en cibernética, Gonzalo Carvajal.
Elvin Mollinero, experto en seguridad informática y redes sociales,
coincidió con Carvajal y explicó que un peritaje a un teléfono móvil se puede
concretar con mayor facilidad dependiendo del sistema operativo que tienen, es
decir si es un I-phone o Android. Éste último es el más sencillo de acceder,
dijo.
“Recomiendo que el peritaje se lo haga el celular de la señora Zapata, es
más sencillo verificar la veracidad, pero con consentimiento de la persona y
eso ya forma parte de la ética. Porque si ya han cambiado de celular, entonces
ya no se puede, tiene que ser el mismo celular que se ha utilizado, porque el
señor Quintana pudo haber comprado otro celular y hasta haber cambiado de
número”, indicó.
Según Carvajal, el proceso legal para realizar un peritaje a un teléfono
celular cuyos mensajes de chat hayan sido borrados, se inicia en el Ministerio
Público, que mediante un requerimiento fiscal pide a la empresa telefónica
(Entel, Viva, Tigo) un extracto de los mensajes.
En caso de que esta situación demore o por alguna razón, estas entidades no
puedan acceder a la información solicitada, la Fiscalía tendría que acudir a
empresas especializadas en el país, que mediante especialistas técnicos y
jurídicos se contactarán con la sede de las entidades de redes sociales en el
exterior que están en la obligación de brindar los datos pedidos.
“En Estados Unidos las leyes dicen que estas empresas deben mantener esta
información por dos años, después de ese tiempo, la información se elimina de
la base de datos y ya es imposible recuperarla”, indicó.
No obstante, Carvajal explicó que para seguir todo este proceso legal, las
autoridades jurisdiccionales deben sustentar su pedido con una denuncia
respecto a un delito de orden público.
“Que yo sepa en Bolivia nunca se ha dado esto, porque nunca se ha cometido
un delito de esa magnitud”, concluyó.
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