Considera positivo que se priorice designación
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).-
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena,
respecto de la decisión de la Asamblea Legislativa de iniciar el proceso de
selección de la nueva autoridad defensorial, señaló que resulta adecuado que el
Órgano Legislativo priorice el nombramiento del nuevo Defensor o Defensora del
Pueblo, ya que “en algunos casos se han
dado interinatos muy prolongados y eso afectó el normal desenvolvimiento
institucional, y nos parece oportuno que la Asamblea le otorgue la importancia
que tiene este proceso”.
Sin embargo, expresó su preocupación porque “la excesiva
premura manifestada por el Gobierno para elegir a una nueva autoridad puede
conducir a que se vulnere la Ley”, ya que se estaría hablando de realizar el
proceso antes de la conclusión de mandato que finaliza el 13 de mayo de 2016.
Villena explicó que el artículo 13 de la Ley 1818 señala que
una vez cumplido el mandato la Asamblea Legislativa “declarará la vacancia del
cargo” de Defensor del Pueblo y “una vez
determinado el cese de funciones, se iniciará el procedimiento para el
nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo, en un plazo no mayor a treinta
días”.
Por otro lado, reiteró su esperanza de que se elija como
Defensor o Defensora del Pueblo a una persona independiente, ética,
comprometida con los derechos humanos y muy cercana a las poblaciones
vulnerables.
“Ojalá la Asamblea no caiga en la tentación de elegir a una
persona que responda y obedezca al partido de Gobierno o a sus Jefes, ni
directa ni indirectamente, ya que esto sería una aberración inadmisible que
afectaría la defensa de los derechos humanos y significaría un nuevo golpe para la institucionalidad del país”, indicó.
Villena recordó
que en 2003 el Gobierno de
Gonzalo Sánchez de Lozada pretendió colocar como Defensor del Pueblo a una
persona que respondía a sus intereses y promovió la elección en el Congreso de
Iván Zegada.
“Esta acción, entre otras de orden estructural, fue la que
apresuró la caída del gobierno de Sánchez de Lozada, porque además se generó
una fuerte reacción de las instituciones y
de la población que lograron la renuncia al cargo del señor Zegada, a
los 15 días de haberse posesionado”, recordó.
Finalmente, señaló que en los 18 años de vida institucional,
la ciudadanía ha asumido ya que la Defensoría del Pueblo no es una institución
que pueda depender del gobierno, de los partidos o de la voluntad de los
Presidentes o Vicepresidentes.
“Es una institución que pertenece al pueblo, a la gente y de
ninguna manera a los políticos y este principio y definición debe respetarse
cuando se elija a la nueva autoridad”, concluyó.
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