Verificación
en 20 centros de detención
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| Rolando Villena. Foto de archivo ERBOL. |
PANDO, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Una verificación realizada por la Defensoría del Pueblo en
20 centros detención de adolescentes
privados de libertad de todo el país concluyó que el 60% de los internos está
preso sin sentencia.
La
entidad defensorial contabilizó en total a 480 adolescentes en estos centros de
detención, de los cuales 440 son varones y 40 (menos del 10%) son mujeres.
Advirtió
que sólo el 40 % está detenido con sentencia. “En La Paz, el 78% no tiene
sentencia y en Santa Cruz el 75% se encuentra en esta situación, superándose la
cifra que registran las personas mayores privadas de libertad sometidos a esta
irregularidad”, señala el informe.
“Existe
retardación de justicia, los adolescentes no conocen a sus abogados y no
existen mecanismos efectivos para garantizar a los adolescentes acceso a un
proceso pronto y oportuno que logre el fin último de la justicia restaurativa,
asumir el daño causado y retribuir a la víctima en la manera de lo posible”,
explicó el defensor Rolando Villena.
La
Defensoría también señaló que hay incumplimiento de plazos procesales y existen
adolescentes que han estado por más de dos años con detención preventiva,
cuando la norma exige un proceso de no más de ocho meses.
Otros
datos
La
mayoría de los adolescentes privados de libertad está en Santa Cruz con
37% (176 personas), luego está
Cochabamba con el 21% y La Paz con el 11%.
En
cuanto a edad, el 29% tiene entre 13 y 15 años, mientras que el 71% tiene entre
16 y 19 años. La Defensoría también identificó a cuatro privados de libertas de
13 años y 26 de 14 años.
La
verificación también da cuenta de que el 37% de los adolescentes en estos
centros está detenido por robos, el 34% por delitos sexuales, el 20% por
delitos contra la vida y la integridad y el 6% por casos de narcotráfico.
No
obstante, la Defensoría advirtió que “adolescentes privados de libertad por
delitos de robo que conviven con acusados de asesinato o violación” y que
aquellos con “detención preventiva comparten
ambientes y actividades
con adolescentes ya sentenciados”.
En el
informe se sostiene que la situación más grave se identificó en Cobija y
Riberalta. En la primera ciudad, los privados de libertad deben vivir junto a
víctimas de violencia, abandono o en medida de protección; mientras que en
Riberalta los adolescentes detenidos se encuentran en la carceleta de esa
población conviviendo con adultos.
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