ABOGADO DE ZAPATA: HIJO DE MORALES VIVE EN EL EXTERIOR

Dice que es por seguridad

Eduardo León, abogado de defensor de Zapata. Foto / Erbol

LA PAZ,  BOLIVIA (ANB / Erbol).- El abogado defensor de la expareja presidencial, Eduardo León, informó este martes que el hijo del presidente Evo Morales con Gabriela Zapata, vive en el exterior  por razones de seguridad y que para verificar este hecho  la jueza de la Niñez y Adolescencia,  Jaqueline Rada, tendrá que viajar al lugar.

“No está en Bolivia, está protegido por seguridad. Doña Gabriela Zapata ha indicado que está muchos años atrás (fuera)”, declaró a la red Erbol, sin precisar el país donde estaría viviendo.

León recordó que el menor nació el 2007; y en el año 2008 y 2009 se produjeron muchos conflictos como la Masacre de Pando y el caso terrorismo, tiempo en el que Morales denunció 14 veces  que había un plan para asesinarlo, indicó.

“Entonces que se enteren que exista un menor y que ese menor es del Presidente, por supuesto pues que podrían haber atentado contra su vida. De esa forma es que se tiene un claro escenario. Esa ha sido una causa por la que no se han hecho público varias cosas”,  precisó.

Sostuvo que la juez podrá establecer que el menor existe, en qué condiciones vive y podrá develar todos los argumentos que echarán por abajo las declaraciones y conjeturas de algunas autoridades de Gobierno.

Dijo que solamente asistirá a la audiencia de presentación del menor, la juez, representantes de instituciones nacionales e internacionales protectoras del menor. En ese sentido  pidió al Gobierno respetar el trabajo de la autoridad jurisdiccional, para que acceda  a la verdad material de los hechos.

El equipo de abogados defensores acudió al Defensor del Pueblo, a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y reiteró una carta de solicitud a la ONU, para que hagan seguimiento al proceso legal que enfrenta su cliente, puedan intervenir y exigir garantías para la vida e integridad física de Gabriela Zapata y de su hijo.

Precisó que actualmente Zapata enfrenta dos procesos. La primera en el juzgado del menor y la segunda un proceso penal al haber sido acusada por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en el grado de complicidad, donde los acusadores no consideraron que ese delito sólo es aplicable a los funcionarios públicos.

"La gran pregunta es quién cometió el uso indebido influencias que le achacan a ella. Hay este vacío (legal) porque Zapata y Cristina Choque no firmaban los contratos. ¿De qué forma obtuvieron las empresas esos contratos? No son funcionarios de quinta ni segundones los que firman. Lo central es que establecer el uso indebido de influencias. Con quién, para qué y cómo”, preguntó el abogado defensor.