Los guarda por seguridad
Gabriela Zapata a tiempo de salir de las celdas del juzgado del menor, ayer Foto / Erbol |
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El abogado defensor Eduardo León afirmó este jueves que la
expareja presidencial Gabriela Zapata, tiene grabaciones de llamadas
telefónicas del presidente Evo Morales y ministros de Estado, pidiendo en tono
de súplica que guardara en reserva su relación sentimental y la existencia del
hijo.
“Nos
ha manifestado que tiene grabaciones (llamadas) que le hacía el presidente del
Estado, dignatarios de Estado, que refiere tanto al estado mismo que ella tenía
como madre, así como también la petición de que esto se guardara en secreto y
una especie de súplica de que no salga a luz”, dijo en una entrevista con la
red Erbol.
León
sostuvo que su defendida afirma que, por razones de seguridad, guarda “mensajes
y grabaciones de estas conversaciones”, pero no anunció cuándo podría hacerlos
conocer a la opinión pública.
Al
describir sobre la situación de Zapata, sostuvo que “el accidente mayor que
(Gabriela Zapata) tuvo en su vida personal, fue haber conocido al presidente
del Estado, porque a partir de eso, la familia le dio la espalda. No querían
consentir la relación con él y aquello ha dado lugar a que tenga que estar
sufriendo las consecuencia de estar en detención preventiva”.
Aseguró
que persiste el temor por la vida de
Zapata, debido a la información que conoce, motivo por el que el Gobierno
estaría analizando el traslado a otro centro penitenciario, a título de mayor
seguridad, pero que en el fondo, el propósito político es que no pudiera
hablar.
Dijo
que persiste el riesgo en su condición de madre de un menor que fue dado por muerto por su propio padre,
en este caso el presidente Evo Morales, sin considerar los daños ocasionados
hacia el hijo quien será presentado cuando la juez decida, aseguró el abogado.
Consultado
sobre el rol que habría jugado el ministro de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana, León prefirió trasladar la pregunta a su cliente, pero en todo caso
recordó que Zapata expresó su disposición de acudir ante el Ministerio Publico
y la Comisión Legislativa para hablar de lo que conoce.
“Ella
ha solicitado que la Cámara de Diputados reciba
su declaración para contribuir a la información y establecer el uso
indebido de influencias. Porque el delito no está vinculado a revisar contratos
o verificar el estado de los taladros. Puede ser que los contratos estén bien
elaborados e hilvanados con hilo de oro, pero hay una cosa muy importante: El
uso indebido de influencias se refiere a un beneficio económico obtenido por el
funcionario público para sí o para un tercero y quien puede dar pautas es
Gabriela Zapata”, manifestó.
Más
allá de la existencia del hijo, explicó que las investigaciones deben
identificar al funcionario público que habría ejercido el tráfico de
influencias, que no necesariamente es
Cristina Choque o el chofer, que nada tienen que ver, sino hay personas
más importantes que pueden ser los sujetos procesales lo que tendrán la
obligación de aclarar la situación.
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