LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El presidente de la Comisión de
Planificación de la Cámara de Senadores, David Sánchez, anunció el lunes que
esa instancia realizará un 'saneamiento legislativo' a los 42 contratos que
firmaron los mineros cooperativistas con empresas privadas y transnacionales.
'Un saneamiento legislativo sería conocer
estos 42 contratos y adecuarlos a la Constitución Política del Estado, contrato
por contrato, como manda la Constitución el Estado boliviano a través de la
Asamblea Legislativa tiene que aprobar cada contrato', afirmó en entrevista con
los periodistas.
Sánchez apuntó que es importante que el
país conozca el contenido de esos contratos y el 'daño' que provocaron al
'erario' nacional.
'Primero es importante que el país conozca
estos 42 contratos hay que ser muy serios en este tema, segundo es que el
Gobierno da a conocer estos temas, por eso se requiere de un saneamiento
legislativo, el tercer elemento es ver cuál es el daño que han provocado al
erario nacional al ingreso de los bolivianos y bolivianas', remarcó.
A su juicio hay división en el sector
cooperativista porque varios socios fueron 'engañados' al no tener conocimiento
de la firma de esos contratos con el empresariado privado, que 'se llevaron
todos los recursos económicos del Estado'.
'Me temo que muchos cooperativistas, no
todos, creo que hay una división de los cooperativistas que han ido generando
estos acuerdos a espaldas de una gran mayoría de los asociados, el mal
empresariado se aprovechó de ellos, seguramente invirtió con ellos para
beneficiarse del 80% de sus utilidades unas migajas de los socios cooperativistas
y juntos darle ese 1% al Estado', respaldó.
Indicó que el Gobierno debe entregar los 42
contratos a la Asamblea Legislativa para que se analice en las dos instancias
legislativas.
'La Asamblea tiene que tomar acciones como
dice la Constitución Política del Estado, en esa perspectiva el Gobierno deberá
entregar a la Asamblea Legislativa esos 42 contratos para que la Asamblea tenga
que procesar su tratamiento tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta y de
acuerdo a la Constitución se tiene que aprobar, cada contrato sabe quién es el
socio, como está vinculado aquello y cuál es el beneficio que hay que darle al
Estado boliviano', subrayó.
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