'Nuestro señor
ministro de Gobierno, Carlos Romero, está cursando una nota formal al señor
presidente de la Cámara de Diputados, el señor presidente de la Cámara de
Senadores, para que señale, certifique si la autodenominada comisión de la
justicia y la verdad ha cumplido los procedimientos del Reglamento General de la
Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa Plurinacional', dijo en una
conferencia de prensa.
Esa comisión,
conformada por disidentes y opositores del oficialismo, amenazó con iniciar
acciones penales contra autoridades estatales, porque presuntamente se les
obstaculizó su derecho de fiscalización al impedírseles ingresar al penal de
Palmasola (Santa Cruz) para entrevistarse internos que denunciaron abuso
policial en una requisa.
Según Aramayo,
el Ministerio de Gobierno esperará que las autoridades legislativas establezcan
si esa comisión cuenta o no con acreditación oficial y cumplió con los
procedimientos formales establecidos en la Constitución Política del Estado,
aunque se presume -dijo- que actúa fuera de la ley.
Si se confirma
esa situación de ilegalidad, se asumirá 'con toda drasticidad las acciones
legales y jurisdiccionales competentes' contra sus miembros, subrayó Aramayo.
'Todo el pueblo
boliviano va a conocer esta situación y con esta certificación el Ministerio de
Gobierno estará en condiciones de asumir las medidas correspondientes desde el
punto de vista jurisdiccional para establecer estos abusos de autoridad de
algunos parlamentarios', agregó.
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