Diputado
opositor pide desagravio público
PANDO,
BOLIVIA (ANB / Erbol).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado,
señaló este miércoles que el senador opositor Roger Pinto cumplió con su
obligación al denunciar sobre presuntos vínculos de policías y autoridades de
gobierno con cárteles del narcotráfico.
“Es una obligación de cada servidor público, el senador
(Pinto) tenía la obligación de denunciar, no por eso ahora se le va a pedir
disculpas o se le va dar una medalla, lo que ha hecho es cumplir con su
obligación como cualquiera de nosotros podría hacer”, sostuvo Delgado en
declaración a los medios de comunicación.
De esta manera la legisladora reconoció posibles
fundamentos en la denuncia de Pinto, cuando en ocasiones anteriores autoridades
de gobierno, Ministros y el propio Jefe de Estado lo desestimaron de manera
sucesiva.
“Si hay ya denuncias que podrían haber cárteles, si hay
ya denuncias que tiene que ver con temas de narcotráfico (que se investigue),
que hace tiempo inclusive con el caso Sanabria (lo) hemos visto”, agregó.
El diputado de Convergencia Nacional (CN), Adrián Oliva,
manifestó que el gobierno nacional esperó más de lo necesario para iniciar las
investigaciones sobre las denuncias que hiciera Pinto. “A quiénes estaban
encubriendo todo este tiempo”, dijo.
“El presidente Evo Morales le debe un desagravio público
al senador Roger Pinto, él y su gobierno durante 18 meses se encargaron de
descalificar las denuncias del senador Pinto y guardaron un silencio cómplice,
como también el presidente Morales guardó la documentación que estaba en sus
manos y que debería ser remitida a las instancias correspondientes para la
investigación de esas denuncias”, increpó.
Oliva exigió se retiren todos los procesos por desacato
contra el senador Roger Pinto, porque fueron interpuestos a partir de la
presentación de la denuncia “que sindica a varias autoridades de gobierno” en
vínculos con el tráfico de drogas.
Antecedentes
El senador Roger Pinto aseguró el 10 de marzo de 2011 que
existía un informe con indicios que advertían sobre las actividades irregulares
del “narcogeneral” René Sanabria y que el exministro de Gobierno y el
presidente Evo Morales conocían del hecho.
El 9 de marzo de 2011, el exministro Llorenti, abrió un
juicio contra el senador opositor por el
presunto delito de desacato. Llorenti dijo que Pinto debe probar su denuncia en
sentido de que él estaba informado de que su ex jefe de inteligencia, René
Sanabria, tenía vínculos con el narcotráfico y que pese a ello no tomó ninguna
acción.
En fecha 8 de abril del mismo año, el senador por
Convergencia Nacional, Bernard Gutiérrez, entregó al presidente Evo Morales las
supuestas pruebas de nexo del exministro Sacha Llorenti con el general René
Sanabria y jefe antidrogas de entonces, capturado y acusado por narcotráfico el
27 de enero de 2011 en Panamá luego de un trabajo de inteligencia de la fuerza
antidrogas estadounidense en combinación con carabineros de Chile.
El 22 de mayo de 2012, el senador Pinto, en declaraciones
a Erbol, señaló que en el legajo de documentos entregados al Jefe de Estado,
donde se detallan los presuntos vínculos, se citan los nombres del ministro de
la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y la directora de ADEMAF en el Beni,
Jessica Jordan.
El 28 del mismo mes, Roger Pinto se refugia en la
delegación diplomática de Brasil en La Paz y solicita asilo político
argumentando ser víctima de “persecución política” por el gobierno del MAS. El
8 de junio, el gobierno brasileño de otorga el asilo en claro cuestionamiento a
las políticas de la administración de Evo Morales.
El 6 de junio 2012, la canciller de Colombia, María
Ángela Holguín, admitió estar consciente de la presencia de cárteles del
narcotráfico, que estarían operando en Bolivia y otros países latinoamericanos.
El ministro Quintana desmintió la versión y dijo que se trata de las
declaraciones de una persona que “le hace el favor a Estados Unidos”.
El 8 de julio la revista brasileña Veja, en su reportaje
“Bolivia, la república de la cocaína”, reveló sobre una “conexión directa entre
el hombre de confianza de Evo Morales, ministro de la presidencia Juan Ramón
Quintana, y un narcotraficante brasilero que actualmente cumple su pena en la
penitenciaría de máxima seguridad de Catanduvas, en Paraná”.
Veja dio que tuvo acceso a informes producidos por una
Unidad de Inteligencia de la Policía Boliviana.
Al día siguiente, la ministra de Comunicación, Amanda
Dávila, desestimó iniciar una investigación a Quintana,
La
Paz, 15 agosto 2012 - J.A.P./L.F.C./
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