Según
el CEDLA
Los trabajadores bolivianos en una protesta anterior. |
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Bruno Rojas, de la Unidad de Investigación del Centro de
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), aseguró que la
Cancillería y el Ministerio de Trabajo conocen de los atropellos que sufren
obreros bolivianos contratados por la empresa china Sinohydro que opera en el
país desde el año pasado.
“Personalmente
estuve con el Ministerio de Trabajo para ver si llegó alguna comisión, si
fueron recibidos en alguna comisión que pueda hacerse cargo de esto, pero no
(…) El Ministerio de Obras Públicas planteó que la Cancillería debería
intervenir y reunir a la Embajada de China, a representantes de la empresa,
para buscar directrices orientadas a que la empresa china cumpla con la
legislación laboral”, dijo en entrevista con ERBOL.
Rojas
advirtió que la legislación boliviana establece claramente que la empresa
Sinohydro tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las
disposiciones laborales vigentes a favor de los trabajadores.
“En
este caso, las autoridades tienen que garantizar el cumplimiento de las
disposiciones laborales vigentes a favor de los trabajadores. Deberían disponer
de los medios para que en caso de un conflicto, un despido, una afectación de
seguridad industrial u otros casos, deberían actuar”, señaló.
Entre
los atropellos que denuncian los trabajadores está el pago de un salario bajo,
largas jornadas de trabajo de hasta 15 horas, sin que les reconozca
monetariamente el tiempo extra, mala alimentación, despidos injustificados y
hasta agresiones físicas.
“En
una ocasión, un técnico chino utilizó un tractor, una pala mecánica, para
tratar de agredir a los trabajadores. Además, en su boleta de pago, y los
mismos trabajadores nos contaron esto, aparecen descuentos que nunca les
explican (…) tampoco tienen seguridad en el trabajo porque no les dan la
indumentaria adecuada”, señaló Rojas.
En
marzo de 2015, los obreros del proyecto carretero doble vía Ichilo-
Ivirgarzama, comenzaron una larga lucha en demanda del cumplimiento de la
legislación laboral boliviana, tras 10 acercamientos infructuosos con esta
compañía y no obstante la intervención de la Dirección Departamental del
Trabajo de Cochabamba.
Una
nueva huelga fue declarada en noviembre de 2015. Esta vez con el bloqueo de la
carretera en cercanías del campamento de Entre Ríos (Chapare). La empresa no
solo incumplió el acuerdo, sino que procedió al despido injustificado de varios
trabajadores.
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