Ahora
los casos son llevados a la justicia ordinaria
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Hasta antes de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, emitida en
2010, las autoridades originarias de la nación Yampara del departamento de
Chuquisaca castigaban la violación a una mujer con la elaboración de adobes y
“chicotazos”, como parte de su justicia indígena, informó a la Agencia de
Noticias Indígenas de Erbol el exmallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas
del Qullasuyu (CONAMAQ), Juan Guarayo.
Desde
la vigencia de la norma, el panorama cambió dijo la exautoridad originaria de
Tarabuco y a su criterio para mal porque ahora estos temas se deben coordinar
con la justicia ordinaria y en esa instancia el que cometió la violación sale
libre con “coimas”, es decir, pagando dinero, señaló.
Contó
que ahora las autoridades originarias pasan el caso de violencia sexual, cuando
es comprobado, a la justicia ordinaria.
“Denunciaban
a las autoridades (las víctimas) y las autoridades hacían un diagnóstico;
preguntaban ¿Es verdad o no? Ellos comprobaban con el juramento y había
testigos, si es comprobado o si había el intento (de violación) se multaba,
hasta usaban chicote para buscar la solución, se daba arroba (24), media arroba
(12 latigazos), antes con la justicia originaria era bien”, afirmó Guarayo.
Recordó
un caso en particular que fue denunciado ante las autoridades judiciales, pero
siendo culpable el originario supuestamente pagó a uno de los fiscales que
investigaba el hecho y la investigación se paralizó, señaló.
“En
estos tiempos no hemos arreglado ningún caso sobre violación; antes había
violaciones ahora también hay, pero eso se arregla más que todo con la justicia
ordinaria, pero en la justicia ordinaria no arreglan como debería arreglarse.
Yo pienso que en toda Bolivia la justicia no está actuando como debería actuar,
para quien tiene la plata para esa persona es la justicia”, protestó el
originario yampara.
Otra
de las sanciones que daban los originarios de esa nación como parte de la
justicia indígena era la expulsión de la comunidad cuando el delito era
finalmente comprobado, aseguró Guarayo.
Un
estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), realizado en
2015, dio a conocer esta semana que en algunas poblaciones del área rural, las
mujeres que sufren de violencia sexual prefieren callar por vergüenza.
Sin
embargo, no sólo identificó la vergüenza como características de este delito,
sino también al silencio, miedo e impunidad.
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