Oposición
tras el caso Rollano y Quispe
TARIJA, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Tras los hechos denunciados en el caso del exfiscal
departamental de La Paz, Marcelo Rollano, y del exfiscal René Quispe, la
oposición observa “una decadencia moral y ética” que toca fondo en los
operadores de justicia, consecuencia de la injerencia política en la
designación de esas autoridades.
La
senadora de Unidad Demócrata (UD) Carmen Eva Gonzales dijo que la cadena de
escándalos que envolvió a las autoridades no solo de la fiscalía, sino también
del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura en juerga con
menores de edad, ha trastocado el principio ético de los funcionarios
judiciales.
Recordó
que hace poco se observó en un video al presidente del Consejo de la
Magistratura, Freddy Sanabria, en plena fiesta con funcionarios de su oficina,
que aunque no sea actual, es totalmente reñido con el decoro del servicio
público.
Lo
mismo sucedió con cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que se fueron
de viaje a China, en una actitud calificada de inmoral por el mismo vicepresidente Álvaro García Linera y que a
fuerza de presión, tuvieron que retornar al país para restituir el quórum,
manifestó.
Dijo
que en cuanto a su departamento le toca, el profesor Óscar Guerrero, hermano del Fiscal General Ramiro Guerrero,
fue denunciado cinco veces por acoso sexual y abuso deshonesto a sus alumnas, y
no hay un fiscal que lo pueda procesar pese a las evidencias aportadas.
A su
vez, el diputado opositor paceño Gonzalo Jarro, coincidió con su colega
senadora pero aumentó otros dos hechos que se conocieron a través de las redes
sociales, como las “escenas vergonzosas” de funcionarios de la Gobernación de
Oruro, sin que a la fecha se conozca si el titular Víctor Hugo Vásquez,
encaminó una denuncia.
Jarro
señaló que lo mismo ocurrió con el asambleísta departamental de Chuquisaca del
MAS, Domingo Alcibia, cuando fue observado en una supuesta violación a una
funcionaria de la Asamblea Departamental. Luego recuperó su libertad al haberse
acogido proceso abreviado, admitiendo el delito de uso indebido de bienes
públicos, por el cual fue sentenciado a un año y seis meses.
Sin
embargo la Fiscalía abrió un nuevo proceso por presunta violación que habría
ocurrido el 20 de diciembre de 2012, pero tampoco se conocen resultados hasta
la fecha.
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