DENUNCIARÁN A LA CONTRALORÍA Y PROCURADURÍA EL DESFALCO DE DORIA MEDINA AL ESTADO BOLIVIANO

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El asambleísta departamental de La Paz, Gustavo Torrico, anunció el martes que denunciará en la Contraloría y la Procuraduría el desfalco al Estado del empresario Samuel Doria Medina, en 1986, cuando era ejecutivo de la cementera Soboce, informó la Red Patria Nueva.

    Torrico presentó documentos que demuestran que el Estado boliviano pagó una deuda de 18.581.000 dólares contraída por Samuel Doria Medina y Soboce en 1986 con la Corporación Andina de Fomento (CAF), porque el Estado fue aval de ese préstamo y a recomendación del entonces Consejo Nacional de Estabilización y Reactivación Económica que conformaban Gonzalo Sánchez de Lozada y Guillermo Bedregal.

    Torrico mostró la resolución 028 del 30 de julio de 1986 del Consejo Nacional de Estabilización y Reactivación Económica, cuyo director ejecutivo era Gonzalo Sánchez de Lozada, que en el primer artículo resuelve que "el Gobierno de Bolivia tome a su cargo la cancelación total de la deuda del Banco del Estado con la CAF, derivada del préstamo otorgado a Soboce".

    Esa resolución -dijo- aprueba el esquema de cancelación de la deuda y determina "instruir al Banco del Estado, en su carácter de avalista y co-deudor solidario del préstamo otorgado por la CAF a Soboce, la cancelación total de dicha obligación a la CAF en la fecha que esa institución declare de plazo vencido".

    Como antecedente, Torrico explicó, fundado en balances institucionales, que en 1975 la junta extraordinaria de accionistas de Soboce otorgó el 10% de las acciones de esa empresa a sus trabajadores.

    No obstante, en 1994 Doria Medina, como presidente de Soboce, y su hermana Lourdes Doria Medina, como accionista mayoritaria, "en complicidad" con Carlos Téllez (Secretario de Directorio) y Jorge Prudencio Requena (Gerente de Producción), "falsificaron" un acta para pasar por simples obreros y "dar por hecho" que los trabajadores renunciaron a sus acciones en la empresa.

    Explicó que tras ese hecho, Doria Medina redactó una escritura pública (1013/94), de fecha 25/08/1994, con la que pide a Fundempresa dar de baja el 10% de las acciones que pertenecían a los trabajadores, incrementando su patrimonio y el de su hermana.