LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado, y la
ministra de Transparencia, Nardi Suxo, denunciaron el viernes, en La Paz,
irregularidades en el proceso que esa empresa le sigue a la aseguradora
Credinform, después de que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de
Justicia de La Paz, fallara a favor de la aseguradora, causando un daño
económico al Estado de 8,5 millones de dólares.
Suco dijo que "nos preocupa mucho,
Misicuni son los primeros interesados y nunca fueron notificados, tenían que
haber notificado, o sea no se han cumplido los procedimientos, y nos salen con
una resolución de este tipo, que por supuesto nos pone en gran signo de
interrogación, en Relación a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental
de Justicia de La Paz".
Alvarado explicó que mediante un Amparo
Constitucional, aprobado por la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia de
La Paz, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS)
fue suspendida para asumir medidas precautorias, como la anotación preventiva
de las inversiones de la compañía Credinform, recurso que fue resuelto sin
haberse notificado a la parte interesada, como es la Empresa Misicuni.
"Siendo Misicuni la parte más
interesada en este amparo constitucional debían habernos notificado a nosotros
antes de haber tomado esta decisión, por esa razón creemos que ha habido una
irregularidad en este proceso. Frente a esta situación que está poniendo en
riesgo 8,5 millones (de dólares) que adeuda Credinform a Misicuni",
agregó.
En ese entendido, Alvarado anunció que la
empresa tomará las acciones correspondientes ante autoridades superiores del
Poder Judicial.
"En particular los vocales Virginia
Crespo, Ricardo Chumacero y Ángel Arias han suspendido la medida precautoria
que esta autoridad ha tomado", puntualizó.
Asimismo, denunció que la vocal Virginia
Crespo debió recusarse de atender el caso, porque es ex cuñada el abogado
patrocinador de la aseguradora Credinform, Víctor Hugo Chávez.
En octubre, la Empresa Misicuni inició
acciones penales contra el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) y sus
empresas, entre ellas la italiana Grandi Lavori Fincosit (GLF), por presunto
uso de instrumento falsificado.
La decisión se tomó luego de conocer la
existencia de un contradocumento que fue insertado por la aseguradora
Credinform Internacional SA en una demanda civil contra CHM, la Empresa
Misicuni y la Aduana Nacional como Anexo 16.
Sin embargo, la APS determinó que la
aseguradora Credinform Internacional S.A. incumplió con el artículo 12 de la
Ley 1883 de Seguros y Reaseguros "por insuficiencia de la reserva técnica
de siniestros" y dispuso la anotación preventiva de los Valores que
componen la Cartera Inversiones de Seguros y Reaseguradores Credinform
Internacional.
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