SUCRE,
BOLIVIA (ANB / ABI).- El presidente del Tribunal Agroambiental, Bernardo
Huarachi, denunció el lunes que las magistradas Cinthia Armijo y Deysi
Villagómez no estaban habilitadas legalmente en la elección de autoridades del
Órgano Judicial en 2011, toda vez que ambas son acusadas de delitos de acción
pública y administrativa.
'Estas dos
magistradas, antes de ser electas como tales, sí tenían; la primera, una
imputación formal; la segunda, una acusación administrativa. Cómo es qué se
pudieron habilitar para optar estos cargos', cuestionó en una improvisada
conferencia de prensa.
Huarachi
explicó que Armijo tiene un proceso penal público por el delito de falsedad
ideológica, que se encuentra en trámite en el Juzgado IV de Sentencia Penal de
la Corte Superior de Distrito de La Paz, mientras que a Villagómez sigue un
proceso administrativo interno impuesta por el Instituto Nacional de Reforma
Agraria.
El Presidente
del Tribunal Agroambiental dijo que ante esas irregularidades demostradas con
documentos, tanto el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) y la
Contraloría General del Estado, deberán responder con las certificaciones
emitidas a estas dos autoridades.
Asimismo, dijo
que en el afán de administrar justicia y como parte del Órgano Judicial, esa
instancia imputó formalmente y en su debida oportunidad a Iveth del Rosario
Mendoza, Ana Rosa Díaz, Marlene Calvimontes y Farid Antezana, acusados por la
presunta comisión de los ilícitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica
y malversación, y conductas ilícitas.
Los cuatro
imputados, ex funcionarios de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF)
del Órgano Judicial, están investigados por irregularidades y presentación de los Estados Financieros de 2011.
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