Conferencia
de Defensores de la UNASUR
LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, planteó a sus
homólogos del continente sudamericano asumir la defensa y protección de los
derechos de la población migrante como una responsabilidad esencial de sus
políticas de gestión, a partir de la definición que la migración es un derecho
humano, que ninguna persona es ilegal y que los y las migrantes son sujetos de
derecho en cualquier lugar y condición en que se encuentren.
Villena lanzó esta propuesta en la Primera Conferencia de
los Defensores del Pueblo de los Estados de la UNASUR, que se desarrollo el
pasado jueves en la capital argentina de Buenos Aires.
“La migración para nosotros, no es un “problema” sino una
realidad propia de las sociedades, que genera aspectos positivos y negativos
como todos los procesos humanos y que en materia de derechos humanos, debe
tratarse desde la perspectiva de la garantía, la exigibilidad, la defensa y la
promoción y, por lo tanto es parte intrínseca de nuestro trabajo como
Defensorías del Pueblo; lejos de estigmatizar a la migración, es un fenómeno
sociológico, que constituye para las Defensoría del Pueblo, una oportunidad de
ser parte como facilitadores de esos procesos de integración”, manifestó.
Villena, quien se encuentra en el país vecino desde el
pasado sábado 15 de marzo realizando una serie de actividades para conocer la
situación de los derechos humanos de las y los bolivianos que viven en ese
territorio, indicó que él y sus homólogos tienen como desafío convertir a las
instituciones que dirigen en referencia de la defensa de los derechos humanos
de las y los migrantes y ya no como un aspecto adicional del trabajo
defensorial.
Deben realizar, acotó, un trabajo integrado partiendo de
la premisa que todo ciudadano o ciudadana que se encuentre en un determinado
territorio, debe tener conciencia que tanto la Defensoría de su país de origen,
como la Defensoría del país que lo acoge, están velando para que sus derechos
sean respetados y ejercidos en libertad e igualdad.
Instó a los Defensores sudamericanos a impulsar una
vigilancia y seguimiento de los
problemas más acuciantes de sus poblaciones y que tienen relación con
las políticas públicas que elaboran sus Estados y tener claro que la pobreza,
la discriminación, la injusticia, la violencia, la inseguridad, el desempleo,
son vulneraciones a los derechos humanos tan graves y urgentes como la
persecución política, el terrorismo de Estado, la censura a la libertad de
expresión e información o la conculcación de los derechos civiles. “Es en todos
los ámbitos en los que debemos aportar, vigilar y actuar”, insistió.
Según cifras de entidades especializadas, señalan que más
de 26 millones de latinoamericanos son
migrantes internacionales. En
Sudamérica, los países llamados expulsores son principalmente Bolivia, Paraguay
y Perú. El destino mayoritario de la
migración sudamericana es interno y tiene como receptores a países como Brasil,
Argentina y Chile.
Datos de la Organización Internacional de las
Migraciones (OIM), en la última década
700.000 sudamericanos salieron de sus países para ir a uno vecino. De ese
total, 500.000 llegaron a Argentina.
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