OPOSICIÓN 'INSTRUMENTALIZA' LOS DDHH PARA DESPRESTIGIAR AL GOBIERNO (OFICIAL)

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El Ministerio de Gobierno denunció el martes que la oposición boliviana 'instrumentaliza' los derechos humanos para desprestigiar al gobierno del presidente Evo Morales, no obstante su compromiso de defensa de principios que garantizan el Vivir Bien, y de protección a la vida y libertades de ciudadanos y pueblos indígenas.

    Al recordar 65 años de vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Ministerio de Gobierno acusó a la oposición de 'utilizar los espacios de los organismos internacionales para desacreditar al Gobierno como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)', en un comunicado entregado a la ABI.

    El Ministerio de Gobierno 'comprobó en varias ocasiones que políticos opositores encaramados en las ONGs nacionales y externas intentaron, sin éxito, acusar al Estado por supuestas violaciones de derechos humanos y de los pueblos indígenas', sostiene el documento.

    Como ejemplo patente de la instrumentación de los principios de derechos humanos, recordó que el 29 de octubre último la CIDH exigió a la Fundación Nueva Democracia, del secretario de Coordinación de la Gobernación de Santa Cruz y dirigente del partido opositor 'Verdes', Oscar Ortiz, demostrar y documentar sus denuncias sobre inexistentes '60 ejecuciones extrajudiciales' que, aseveró, se verificaron en el país desde que el presidente Evo Morales juró al cargo.

    En una audiencia sobre 'derechos políticos e independencia judicial en Bolivia', la opositora Fundación Nueva Democracia improvisó la acusación de las supuestas 'ejecuciones extrajudiciales' y ofreció como testigo a un presunto diplomático húngaro que no fue mencionado en la denuncia ni en la petición de audiencia ante la CIDH, subraya el argumento oficial.

    'Los representantes de la CIDH coincidieron que la presencia del supuesto testigo implicaba la participación de un tercer Estado y que los representantes de la oposición política debían documentar sus denuncias', apunta.

    El ex embajador del dimitente ex presidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03) en Estados Unidos, Jaime Aparicio y Teddy Gamboa, activista del ex alcalde y ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, autoexiliado en EEUU tras perder las elecciones generales de fines de 2009, cuando fuera judicialmente formalizado por corrupción, estuvieron presentes en esa sesión, reseña el documento.

    El ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, designado defensor del gobierno de La Paz ante la CICH, dijo que la audiencia sirvió para demostrar el carácter político de la Fundación Nueva Democracia y su tendencia de ultraderecha conservadora de oposición a la administración del presidente Evo Morales.

    Lo mismo que en varias arremetidas sin éxito ante organismos internacionales, tales como la CICH, los incidentes de setiembre de 2011, cuando una manifestación de indígenas de tierras bajas, opuesta a la construcción de una carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis, nordeste amazónico de Bolivia), fue hostigada por la Policía, la disidencia los ha capitalizado políticamente, asevera el documento.

    El 16 de marzo anterior, el Ministerio de Gobierno denunció a los dirigentes opositores del Tipnis, Adolfo Chávez y Fernando Vargas asistieron a una audiencia de la CIDH patrocinados por las ONGs transnacionales Earth Rights International (ERI), Due Process of Law Foundation, (Fundación para el Debido Proceso, DPLF, en español) y Fundación Construir, Red Jurídica Amazónica (RAMA).

    En esa ocasión, para tratar la 'situación de derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure en Bolivia, Romero demostró que durante el Gobierno del presidente Morales se saneó de 22,5 millones de hectáreas de tierras en Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) a favor de indígenas, de los cuales 13,3 millones de hectáreas son para indígenas de tierras bajas lo que representa 410 hectáreas de tierras por familia y 82 hectáreas por persona.

    Romero resumió en esa oportunidad el fortalecimiento de la representación política de indígenas en el Estado boliviano y describió que los indígenas de tierras bajas representan el 2% pero tienen el 7% de las circunscripciones especiales.

    El Ministerio de Gobierno aclaró que el Estado destinó a favor de los indígenas 39 millones de bolivianos (poco menos de 7 millones de dólares) en proyectos productivos y más de 100 millones de bolivianos a través del programa Evo Cumple, canalizados por el Ministerio de la Presidencia.

    El Ministerio de Gobierno reitera que la erradicación de coca excedente, la lucha contra las drogas y la solución de conflictos se encararon con diálogo y pleno respeto a los derechos humanos.

    Otra de las punta de lanza empleadas por la oposición política a Morales radica en la lucha antidrogas, que a 7 años de instrumentada ha rendido réditos, principalmente en lo referido a erradicación de sembríos ilegales, reconocidos por la comunidad internacional, inclusive, a regañadientes, por Washington.

   La destrucción de cocales ilegales se efectúa manera consensuada con los labriegos y sin violencia.

    'El control social aplicado para la erradicación de coca excedente y la actitud de apertura permanente a la concertación de parte del Ministerio de Gobierno han desterrado cifras de muertes provocadas por las fuerzas del orden que antes eran usadas como instrumento represivo de los gobiernos del pasado', hace notar el Ministerio de Gobierno.

    Recuerda que 'entre 2000-2005 al menos 28 personas murieron y 468 resultaron heridas por la erradicación de coca', tarea tutelada por la agencia antidrogas de EEUU (Dea, por sus siglas en inglés).

    'Hoy esa labor se realiza con pleno respeto a los derechos humanos con resultados que merecieron el reconocimiento de la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas.

    La adscripción boliviana a la cartilla de derechos humanos, que el martes cumplirá 65 años de vigencia, puntualiza asimismo las acciones asumidas por la administración Morales en casos recientes, como la muerte de una cadete de la Academia de Policías, en etapa de instrucción.

    'Algunos casos, como de la cadete Cinthia Poma Gutiérrez, el Ministerio de Gobierno reitera que el caso está en manos de la Fiscalía y el Órgano Judicial de La Paz que deben establecer sanciones que correspondan', enfatiza.

    El Ministerio de Gobierno asegura que ha solicitado expresamente que se actúe con celeridad e imparcialidad en la investigación del hecho.

    Aclara, por último, que los hechos de sangre por violencia doméstica o delictiva constituyen crímenes que no pueden ser contabilizados como violaciones de derechos humanos 'porque no son perpetrados por el Estado, sino por personas particulares que deben recibir la sanción judicial por sus actos'.