SUCRE, BOLIVIA (ANB / ABI).- Cada año se registran 14.000 denuncias de
violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, el 60% son casos
sucedidos en los propios hogares de las víctimas y de los casos que llegan a
estrados judiciales sólo el 0,04% concluyen con una sentencia, establece un
informe presentado por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, ayer en Sucre y
divulgado el miércoles.
A estos datos se suman los de una
investigación realizada por la administración de justicia en el país, que
señala que del 100% de los expedientes de casos revisados en materias
relacionadas con los derechos de las mujeres, el 71,2% fue rechazado por los
fiscales por falta de pruebas y de éste el 41% corresponde a delitos sexuales.
En tanto que información del
Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana elaborada con reportes de la
Policía Boliviana, indica que entre 2005 y 2012, los casos de agresión sexual a
menores (violación, estupro y abuso deshonesto) denunciados subieron de 1.076 a
3.602, lo que significa un incremento del
235%. Sólo los registros de
violación aumentaron de 777 en 2005 a 2.386 en 2012, un incremento de 207%. Es
decir de dos por día se elevaron a seis.
'Las cantidades reales son
obviamente mayores si consideramos los casos que no llegan a la prensa, los que
se quedan en los escritorios de los administradores de justicia o los que no
son siquiera denunciados', lamentó Villena.
Estas cifras colocan a Bolivia,
de acuerdo con un estudio realizado por las Naciones Unidas, como el segundo
país de América Latina con los más altos índices de violencia sexual.
El Fiscal General, Ramiro
Guerrero, por su parte, manifestó su preocupación por la realidad que muestra
el informe defensorial y demandó de las autoridades gubernamentales políticas
públicas para luchar y reducir los altos índices de violencia sexual que
existen en el país.
En tanto que la representante en
Bolivia del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), Miriam
Taborga, comparó los datos con los niveles que alcanza una 'pandemia' y demandó
a que esta realidad sea considerada como un tema de salud pública pues afecta
al 15% de la población femenina en Bolivia.
El Defensor convocó a las
autoridades y a las organizaciones de la sociedad civil a asumir esta problemática como 'alta prioridad'. En
ese marco, reiteró su llamado a trabajar en una cruzada nacional para luchar
contra la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
El estudio presentado en la
víspera se lo realizó entre 2011 y 2012 en las
ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Pando, muestra las
dificultades que las mujeres enfrentan en el acceso a la justicia cuando
denuncian una violación.
'Aunque tiene un enfoque integral
sobre las causas y los efectos, hace hincapié en el tratamiento que se le da a
las denuncias y los procesos judiciales iniciados por las víctimas, en la mayor
parte los casos solas y en otros, apoyadas por entidades de derechos humanos,
entre ellas nuestra propia institución', manifestó el Defensor.
Los problemas que enfrentan las
víctimas para que sus procesos avancen son el cambio de investigadores o
fiscales, limitado número de forenses, falta de gratuidad, discriminación en
razón de género, actitudes machistas por parte de jueces y fiscales,
desconocimiento de procedimientos judiciales, falta de medios técnicos y
periciales para la recolección de pruebas.
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