Defensoría del
Pueblo:
PANDO, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Defensoría del Pueblo informa que siete de cada
diez mujeres sufrieron abuso sexual alguna vez en su vida, lo cual, a criterio
de Rolando Villena, “muestra una faceta de violencia que pone en duda el
optimismo sobre los avances en materia de derechos humanos como sociedad”.
El informe “Violencia Sexual contra las Mujeres”, presentado por el
Defensor del Pueblo, señala de cifras alarmantes donde indica que cada año se
registran 14.000 denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas y
adolescentes, de estas, el 60 por ciento son casos sucedidos en los propios
hogares de las víctimas. También revela que de los casos que llegan a estrados
judiciales, solo el 0,04 por ciento concluyen con una sentencia para el
violador.
A estos datos se suman los de una investigación realizada por la
administración de justicia en el país, que señala que del 100 por ciento de los
expedientes de casos revisados en materias relacionadas con los derechos de las
mujeres, el 71,2 por ciento fue rechazado por los fiscales por falta de pruebas
y de éste el 41 por ciento corresponde a delitos sexuales.
En tanto que información del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana
elaborado con reportes de la Policía Boliviana, indica que entre 2005 y 2012,
los casos de agresión sexual a menores (violación, estupro y abuso deshonesto)
denunciados subieron de 1.076 a 3.602, lo que significa un incremento del
235 por ciento. Sólo los registros de violación aumentaron de 777 en 2005
a 2.386 en 2012, un incremento de 207 por ciento. Es decir de dos por día se
elevaron a seis.
“Las cantidades reales son obviamente mayores si consideramos los casos que
no llegan a la prensa, los que se quedan en los escritorios de los
administradores de justicia o los que no son siquiera denunciados”, lamentó
Villena.
Estas cifras colocan a Bolivia, de acuerdo a un estudio realizado por las
Naciones Unidas, como el segundo país de América Latina con los más altos
índices de violencia sexual, lo cual, lo cual sin duda, lamentó el Defensor,
“el más vergonzoso sitial que tiene el Estado boliviano a nivel mundial.
El Fiscal General, Ramiro Guerrero, por su parte, manifestó su preocupación
por la realidad que muestra el informe defensorial y demandó de las autoridades
gubernamentales políticas públicas para luchar y reducir los altos índices de
violencia sexual que existen en el país.
En tanto que la representante en Bolivia del Fondo de las Naciones Unidas
para la Población (UNFPA), Miriam Taborga, comparó los datos con los niveles
que alcanza una “pandemia” y demandó a que esta realidad sea considerada como
un tema de salud pública pues afecta al 15 por ciento de la población femenina
en Bolivia.
El Defensor convocó a las autoridades y a las organizaciones de la sociedad
civil a asumir esta problemática como “alta prioridad”. En ese marco,
reiteró su llamado a trabajar en una cruzada nacional para luchar contra la
violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
El estudio presentado la víspera se lo realizó entre 2011 y 2012 en
las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Pando, muestra las
dificultades que las mujeres enfrentan en el acceso a la justicia cuando
denuncian una violación.
“Aunque tiene un enfoque integral sobre las causas y los efectos, hace
hincapié en el tratamiento que se le da a las denuncias y los procesos
judiciales iniciados por las víctimas, en la mayor parte los casos solas y en
otros, apoyadas por entidades de derechos humanos, entre ellas nuestra propia
institución”, manifestó el Defensor.
Los problemas que enfrentan las víctimas para que sus procesos avancen son
el cambio de investigadores o fiscales, limitado número de forenses, falta de
gratuidad, discriminación en razón de género, actitudes machistas por parte de
jueces y fiscales, desconocimiento de procedimientos judiciales, falta de
medios técnicos y periciales para la recolección de pruebas.
Los casos son abandonados porque las víctimas temen represalias o porque
los procesos son largos y revictimizadores, los abogados transan con los
agresores, algunos fiscales y jueces interponen sus oficios en favor de los
agresores o las víctimas no están lo suficientemente preparadas como para
afrontar el proceso.
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