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jueves, 31 de mayo de 2018

CASO QUIBORAX: MESA INCUMPLIÓ SUS PROPIAS LEYES Y CAUSÓ UN DAÑO AL ESTADO DE $US 57 MILLONES


LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El ministro de Minería, César Navarro, explicó en las últimas horas en detalle los procedimientos y errores jurídicos en los que incurrió el ex presidente Carlos Mesa, cuando, incumpliendo sus propias leyes, revertió en 2004 las concesiones que tenía la empresa Quiborax en el Salar de Uyuni para explotar ulexita, y ocasionó un daño económico al Estado boliviano de 57 millones de dólares, tras el fallo a favor de la firma chilena.


    "El origen de esta deuda que tiene el Estado boliviano, lamentablemente es una mala decisión jurídica, una mala decisión jurídica del ex Presidente de la República de Bolivia (Carlos Mesa), que sin conocer los procedimientos que la misma norma establece, desconociendo las figuras jurídicas, para recuperar estas áreas a favor del estado boliviano comete aberraciones jurídicas y, lamentablemente, estas aberraciones jurídicas le causa este daño económico al Estado boliviano", aseveró el Ministro de Minería.

    Navarro detalló que en mayo de 1986 el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro declaró reserva fiscal el Salar de Uyuni con el Decreto Supremo 21260, que prohibía otorgar concesiones en un perímetro de 2.362 hectáreas al interior del Salar de Uyuni, pero en el gobierno de Hugo Banzer Suarez y Jorge Quiroga, a solicitud del senador Gonzalo Valda, se promulgó la Ley 1854 de abril de 1998, que redujo el perímetro a 1.344 hectáreas.

    En ese sentido, explicó que usando tráfico de influencias, el exfuncionario del Ministerio de Minería, David Moscoso, y accionista mayoritario de la compañía Rio Grande, obtuvo las concesiones mineras de ulexita en el delta del Rio Grande del Salar de Uyuni y, posteriormente, fueron vendidas a la empresa chilena Quiborax.

    Entonces, indicó que el Comité Cívico Potosinista y la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, desde 1998 hasta el 2000, se movilizaron por la reducción de la reserva fiscal y en diciembre de 2003, en el Gobierno de Carlos Mesa, se promulga la Ley 2564 que restituye el perímetro del área fiscal donde existen yacimientos de boratos y ulexita.

    Esa ley, propia del Gobierno de Carlos Mesa, establecía realizar al menos cinco auditorías (técnica, jurídica, laboral, medioambiental y económica) para declarar nulas esas concesiones y recuperarlas a favor del Estado boliviano, en un plazo de 60 días, agregó Navarro.

    "La Ley estableció un procedimiento legal para que el Estado recupere las áreas, pero no se cumplieron los plazos", subrayó.

     No obstante, en junio de 2004, de acuerdo a Navarro, Carlos Mesa dictó el Decreto Supremo 27589 para la caducidad o nulidad de concesiones mediante auditorías que no se cumplieron, y se incorporó la figura de la revocatoria, que no está contemplada en la normativa minera ni anterior o la vigente, por lo que incumplió las propias leyes que promulgó en su gestión.

    Así, Navarro remarcó que Mesa emitió de forma arbitraria, e incumpliendo plazos, un decreto supremo revocando las áreas para transferirlas a la Prefectura de Potosí y dio a la empresa un plazo de 30 días para que abandone el país y entregue las áreas.

    En octubre de 2005, Quiborax demanda al Estado boliviano con base jurídica en el Decreto Supremo 27589 de junio de 2004, promulgado por Carlos Mesa, que revoca la titularidad de concesiones en el delta del Salar de Uyuni.

    "Mesa tuvo las herramientas jurídicas para lograr revertir las concesiones pero no lo hizo y promulgó un decreto que se usó para enjuiciar al Estado", subrayó Navarro.

    El Ministro de Minería advirtió que, en la actualidad, Mesa "utiliza el discurso para disfrazar la realidad", pero lo cierto es que sus "aberraciones jurídicas" ocasionaron que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fallara a favor de Quiborax.

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