QUISPE NIEGA HABER RECIBIDO RECURSOS DEL FONDIOC Y OFICIALISTAS DICEN QUE DEBE SOMETERSE A LA JUSTICIA

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, negó el lunes haber recibido recursos del Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc) y asambleístas del oficialismo aseveraron que debe someterse a la justicia ordinaria.

    "El suscrito no ha manejado ni un sólo proyecto, ni un sólo centavo del Fondo Indígena", dijo Quispe en las instalaciones de la Cámara d Diputados, donde realiza una huelga de hambre para pedir que la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, y otros dirigentes campesinos sean investigados y convocados a declarar ante el Ministerio Público por el caso del Fondo Indígena.

    El domingo, el asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, denunció con documentos en mano, que el diputado Rafael Quispe, junto a su esposa Rocío Pati, recibió casi 4 millones de bolivianos para financiar 4 proyectos, que fueron identificados como "fantasmas" en la administración del ex Fondo Indígena.

    Al respecto, Quispe instó al asambleísta departamental a presentar esa denuncia ante el Ministerio Público.

    Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Javier Zavaleta, que calificó de política la huelga de hambre de Quispe, dijo que el denunciado debe ser juzgado ante las instancias correspondientes.

    "Es una denuncia que ya se la había hecho con anterioridad, y lo que dice el asambleísta Torrico, es simplemente ratificar que el señor Quispe está involucrado en el caso del Fondo Indígena, bueno pues se va a presentar al Ministerio Público y lo que le corresponde a él es ir al Ministerio Público, al juicio y probar que es inocente", manifestó.

    En febrero del año pasado, el Contralor General del Estado reveló que después de una primera fase de auditoría al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas e Interculturales, conocido como el Fondo Indígena, se detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos.